La labor de investigador o fiscal instructor en un procedimiento disciplinario no debe ser realizada únicamente por un funcionario abogado, sino que basta que sea un servidor público con igual o mayor grado o jerarquía que quienes se investigan.

El pronunciamiento recuerda las normas que aplican a los conflictos de interés entre funcionarios públicos y personas o empresas proveedoras del Estado, las inhabilidades para contratar, la Gestión de Contratos y los manuales de procedimiento.

Al tratarse de un beneficio concedido voluntariamente, radica en la Municipalidad la atribución de establecer las finalidades del mismo, así como los requisitos y condiciones de su otorgamiento.

La decisión de la Municipalidad deviene en arbitraria e ilegal, puesto que aplica directamente, por su sola voluntad, un descuento en la remuneración de la actora.

Los titulares de una licencia no profesional Clase B o C, o de una licencia especial, podrán acreditar los requisitos de idoneidad física y psíquica mediante la presentación de un certificado emitido por un prestador institucional de salud acreditado.

Adolece de falta de fundamento razonable o plausible.

Para prevenir los conflictos de intereses y las desviaciones de poder.

Será competente ahora para conocer de la acción de prescripción extintiva de los derechos de aseo municipal adeudados el juzgado de policía local de la propia municipalidad acreedora.

Deben observar las normas que consagran y resguardan el principio constitucional de la probidad administrativa.

Al exceder estas autoridades el campo de sus atribuciones constitucionales y legales, e interferir en competencia otorgada constitucionalmente al Presidente de la República en materia de relaciones internacionales.