La demanda aduce que dicha orden ejecutiva contraviene la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual dispone que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.
El origen de la demanda se remonta a la naturalización del actor en Estados Unidos en 2004, después de residir en dicho país por un período prolongado. En 2017, se descubrió que poseía doble nacionalidad, lo que derivó en la pérdida automática de su nacionalidad japonesa, conforme a lo dispuesto en la ley.
El actor ingresó la solicitud de nacionalidad en junio de 2020, y a la fecha, el recurrido no ha resuelto el trámite, vulnerando la igualdad ante la ley, así como el principio de celeridad de la administración consagrado en el artículo 7 de la Ley Nº19.980.
El proyecto de ley tiene por finalidad modernizar la regulación del lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades, funcionarias y funcionarios, mediante el establecimiento de un marco moderno, claro y consistente que dote de mayor transparencia e integridad a las actividades de influencia en la toma de decisiones
El Derecho de la Unión no obliga a los Estados miembros a expedir a sus nacionales dos documentos con valor de documentos de viaje. Sin embargo, no les permite tratar de manera menos favorable a aquellos que han ejercido su derecho de libre circulación y residencia dentro de la Unión, sin que medie una justificación basada en consideraciones objetivas de interés general.
La legislación establece una distinción entre los extranjeros que se encuentran «en situación de empleo» y aquellos que no, con consecuencias directas sobre las prestaciones sociales que pueden recibir y el tiempo de espera para acceder a ellas.
El fallo apelado consideró que la doble nacionalidad implicaría la existencia de un posible conflicto entre los derechos y obligaciones de los Estados y los derechos y obligaciones entre estos y los individuos. Debido a las amplias consecuencias en áreas como la tributaria y la protección consular, concluyó que tal sistema podría impedir las relaciones funcionales entre naciones e individuos.
El nieto sostuvo que su abuelo -que falleció en 2007- cuenta con inscripción del certificado bautismal por lo que se le puede reconocer la nacionalidad chilena de forma póstuma, no obstante, la magistratura desestimó la inscripción por falta de acreditación de los vínculos nacionales de su ascendiente, que emigró siendo niño a Perú con su familia y nunca se mostró interesado en volver a Chile, o vincularse mayormente con el país.
El requisito de la buena conducta cívica se integra con el interés público conforme a unos criterios, preferentemente políticos, siendo exigible al sujeto solicitante, a consecuencia del «plus» que contiene el acto de su otorgamiento enmarcable dentro de los «actos favorables al administrado», un comportamiento o conducta que ni siquiera por vía indiciaria pudiera cuestionar el concepto de bondad que el precepto salvaguarda.
Este debe acreditar que comparte los valores, las costumbres y principios de la sociedad española.
El criterio administrativo para distinguir a extranjeros transeúntes de los que no lo son, ha sido modificado, dejándose de considerar la permanencia continuada igual o superior a un año y prefiriéndose, como elemento principal, el de la residencia.
