Vietnam tiene una de las leyes más duras contra el tráfico de drogas en el mundo y es habitual que los tribunales del país impongan la pena de muerte por delitos relacionados a los estupefacientes.
El preso que tenga en su poder esos elementos para la comunicación con el exterior sin estar legal o reglamentariamente autorizado, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Dicha pena va de 61 días a tres años de presidio.
Otoniel se transformó en un temido señor de la droga durante los años en que dirigió al CDG (2012-2021), aumentando su poder e influencia decisivamente. De este modo, alcanzó una gran notoriedad, por lo que muchos lo comparan con el narcotraficante Pablo Escobar.
Según la investigación en curso, el hijo del mandatario habría incrementado sustancialmente su patrimonio con fondos que no logró acreditar. Su excónyuge lo acusa de apropiarse indebidamente de fondos destinados a la campaña presidencial de su padre.
El connacional, es sindicado por su presunta participación en una red criminal dedicada a traficar estupefacientes hacia Argentina a través del paso Cristo Redentor. En abril de 2012 fue sorprendido por personal policial trasandino, en la provincia de San Luis, ingresando marihuana y cocaína escondidas en su vehículo.
Tribunal estimó que el Alcalde incurrió en actos en contravención grave de las normas sobre probidad administrativa y notable abandono de sus deberes.
Se han llevado a cabo dos operativos policiales en forma paralela que han dejado hasta el momento decenas de detenidos y una gran cantidad de allanamientos, en distintas ciudades de Brasil. En caso de ser declarados culpables arriesgan hasta 12 años de cárcel.
En virtud de la decisión, que fue dictada por unanimidad, se le declaró culpable de 5 delitos por cooperar con Carteles de la droga mientras se desempeñaba en el cargo.
En la instancia se analizarán normas vinculadas a la diferenciación de sustancias para tráfico o consumo personal y el cultivo medicinal de cannabis, entre otros puntos rechazados por la Sala de la Cámara.
Toda investigación contra una persona, en cualquier nivel, sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y el terrorismo goza de la más alta relevancia e interés público, y constituye, a todas luces, un hecho noticioso que debe ser objeto de escrutinio a través del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de información.
