El narcotráfico es uno de los desafíos de mayor relevancia que enfrenta hoy nuestra sociedad, un fenómeno criminal que no ha podido ser abordado de manera contundente, que exige esfuerzos permanentes para perseguir y sancionar a los narcotraficantes.

La iniciativa introduce una regulación específica a la actividad de compraventa o arriendo de vehículos que pudiera resultar sospechosa por su vinculación con delitos de narcotráfico y crimen organizado.

Como requisito para la inscripción de candidaturas de autoridades electas por votación popular, se deberá acompañar un test de drogas de una antigüedad no mayor a un mes, y una declaración jurada del candidato que no consume drogas y se encuentra libre de vínculos con el tráfico.

“Se considera importante establecer medidas para fortalecer la independencia judicial de eventuales influencias en el ejercicio jurisdiccional, en especial, aquellas relacionadas con procesos penales sobre ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, evitando la apertura de posibles focos de corrupción”, sostiene, en las conclusiones en el informe, el pleno de ministros.

Faculta a los Jueces de Garantía a disponer la enajenación temprana de bienes incautados cuya custodia sea difícil e incorpora el “comiso por equivalencia”.

El Máximo Tribunal colombiano señaló que no estaba probado que la presencia de las tropas de EE.UU. en Colombia tuviera como objetivo preparar un ataque contra Venezuela, como lo alegaba la demandante.

Se aprobó impedir que personas dependientes de drogas ilícitas puedan ser candidatos o candidatas a cargos de elección popular.

Crea dos nuevos delitos, de asociación delictiva y de asociación criminal, regula también las técnicas especiales de investigación de interceptación de comunicaciones telefónicas, el uso de agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes y las entradas vigiladas.

A fin de evitar la infiltración de intereses ajenos al bien común.

El máximo Tribunal de Brasil adujo que, a nivel internacional, las Reglas de Bangkok de 2010 aseguran que la adopción de medidas no privativas de la libertad debe ser preferida en el caso de mujeres embarazadas y con hijos a cargo.