Se debe dar acceso al Registro de Propiedad sólo a actos y contratos con efectos permanentes, y no a aquellos que estén sujetos a la eventualidad de una cancelación, como podría ocurrir en este caso, si se determina adjudicar el inmueble a otro de los comuneros.
El reclamante alegó que la medida prejudicial precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos respecto del inmueble objeto de la compraventa fue decretada días después de que pidiera su inscripción, argumento que fue acogido por el Tribunal.
La posibilidad de ejecutar el mandato después de la muerte del mandante dice relación sólo respecto de los herederos que lo suceden, y en este caso, el solicitante de inscripción actúa en calidad de comprador y no como sucesor.
El reclamante alegó que el CBR sólo puede negar una inscripción si se está ante un vicio formal y notorio, argumento que fue descartado por el Tribunal, tras establecer que el Conservador debe hacer una revisión por sobre lo meramente formal a fin de cumplir con el principio de legalidad registral.
No es relevante que en las cláusulas contractuales se colacionen determinados bienes inmuebles y derechos de aprovechamiento de aguas, ya que dicha enumeración debe considerarse como meramente enunciativa y ejemplar, si lo transferido es el derecho sobre la herencia.
El CBR de Castro se negó a inscribir una compraventa que recaía en un inmueble indígena, en atención al artículo 13 de la Ley N°19.253, que prohíbe la enajenación de un predio indígena a un tercero que no posea tal calidad, sancionando dicho acto con nulidad absoluta.
Que la propiedad no esté inscrita en el Registro Público de Tierras Indígenas de la CONADI no es determinante porque existen tierras no registradas y porque dicho registro sólo tiene una finalidad de publicidad.
El CBR fundó su abstención en el artículo 55 del Reglamento Conservatorio, que exige la concurrencia de todos los herederos para disponer de un inmueble hereditario previo a la partición.
El actor carece de ese derecho pues el testamento sólo establece que los derechos hereditarios de este, en cuanto hijo del causante, se le paguen mediante la adjudicación preferente del inmueble condicionando el goce o utilización del mismo al fallecimiento de una tercera persona en cuyo favor le fue legado el usufructo vitalicio de ese inmueble.
En virtud del efecto declarativo y retroactivo de la partición, se entiende que el bien adjudicado a la mujer una vez disuelta la sociedad conyugal, siempre fue de su dominio exclusivo, lo que descarta que tal adjudicación constituya la enajenación que exige el Código Civil para que haya objeto ilícito.
En base al artículo 13 del Reglamento del Conservador, éste se negaba a inscribir el contrato, debido a que en una cláusula específica se consignaba que una parte cedía y transfería, mientras que la otra no figuraba aceptando dicha cesión.
