Resolvió que no es posible sostener que la resolución emanada de la autoridad competente (SAG), que certifica que la subdivisión de un predio rústico, graficada en un plano planimétrico o topográfico de parcelación, suscrito por un profesional calificado, y que cumple con la normativa vigente, sea en “algún sentido legalmente inadmisible”, ni menos que constituya una actuación que contiene un vicio de nulidad absoluta, al tenor del artículo 13 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces y que faculte para rehusar una determinada inscripción.