El recurrente alega que el precepto legal objetado infringe la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a defensa, el debido proceso y el derecho a la honra y vida privada, desde que se acogió la tacha de un testigo por existir “íntima amistad” entre éste y el demandante, lo que le habría impedido acredita el daño moral.
La Administración no ha agotado la investigación a que venía obligada por la reprobable actitud del Jefe del Servicio de Facturación y de la persona o personas que accedieron indebidamente al historial clínico del actor, lo que no hubiera resultado difícil dado el escaso número de trabajadores en el servicio.
La Quinta Sala del tribunal de alzada ratificó íntegramente la sentencia de primera instancia que acogió la demanda de indemnización de perjuicios, tras establecer la responsabilidad de las demandadas al no haber adoptado las medidas de seguridad y resguardo de la integridad física de los invitados al matrimonio.
Una empleada no identificada del restaurante sufrió un accidente mientras cortaba rúcula, resultando en la amputación de una porción de su dedo índice izquierdo. A pesar de ser trasladada de urgencia a un hospital local, el dedo amputado terminó en la ensalada de la demandante y, finalmente, en su boca.
Las autoridades no actuaron mientras el demandante, entonces menor de edad, corría el riesgo de sufrir una vulneración de su derecho a la vida privada. Una vez que tuvieron conocimiento de esa situación, cumplieron su obligación de tomar medidas específicas para ayudar al solicitante a obtener la documentación y garantizar el respeto de sus derechos.
Al suministrar la anestesia, el profesional quebró al interior de la mandíbula del demandante una aguja, quedando al interior del músculo del afectado una porción metálica de 2 centímetros de largo, la que fue extraída tiempo después en un procedimiento no contemplado inicialmente, y que daño física y emocionalmente al actor.
La Primera Sala del tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia recurrida, dictada por el Tercer Juzgado de Letras de Iquique.
La Segunda Sala del tribunal de alzada condenó al facultativo a pagar la suma de 21 millones 345 mil 148 pesos por concepto de daño emergente; 14 millones 91 mil 50 pesos por lucro cesante, y 20 millones de pesos por concepto de daño moral, aumentando ésta última cifra a $40 millones.
El sistema de la responsabilidad patrimonial de la Administración, teniendo como presupuesto la existencia de una lesión patrimonial real y actual, responde al elemento fundamental de la antijuridicidad del daño, que viene a configurar la lesión como indemnizable, antijuridicidad que no se refiere a la legalidad o ilegalidad de la conducta del sujeto agente que materialmente la lleva a cabo, sino a esa falta de justificación del daño, es decir, a la inexistencia de una causa legal que legitime la lesión patrimonial del particular.
El banco debe actuar con la diligencia exigible, que no es sólo la reglamentariamente prevista sino la adecuada a las circunstancias de personas, lugar y tiempo. Entre estas, cobran especial relevancia datos tales como el perfil del cliente, los movimientos inusuales, los importes dispuestos, la hora en que se hace la operación, etc. Y no basta con medidas genéricas de protección o avisos estereotipados de cuidado, pues tales son fórmulas predispuestas.
El mismo día de su nacimiento, en el hospital de El Salvador, se le suministró al menor una vacuna BCG que tenía cinco días de vencimiento. Con posterioridad, el niño contrajo meningitis y diversos trastornos, los cuales no pudieron ser acreditados por sus padres como consecuencia directa del actuar negligente de las profesionales que atendieron su hijo.
