El delicado estado de salud de la mujer embarazada, que obligó a ingresarla a la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico, requería de una atención activa de parte de los funcionarios de salud, lo que no ocurrió en este caso.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar mal formulado.

Los gastos en que incurre quien sufre un ilícito no necesitan de una acabada prueba documental. Se presume que quien ha sufrido lesiones que requirieron tratamiento médico debe realizar gastos extraordinarios en concepto de medicamentos, sin que obste a tal solución que el afectado haya sido atendido en hospitales públicos o privados, ya que también en estos supuestos debe afrontar ciertos pagos.

El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Decimotercer Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que condenó al hospital a pagar la suma de $5.515.158 por concepto de daño emergente y la suma de $50.000.000 por daño moral.

Resulta patente no solo la desatención y abandono del letrado en relación a la diligente tramitación del asunto que se le había encomendado, sino que también llevó a cabo acciones, y omisiones, perniciosas con pleno conocimiento de ello, mostrando total indiferencia.

Se aumentó la cuantía de la indemnización, considerando los montos para casos con resultado de muerte de un hijo, consignados en el baremo confeccionado por la Corte Suprema, fundado en que las consecuencias son tan dramáticas como el deceso de un hijo.

El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Noveno Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda.

Para la procedencia de la indemnización es preciso que haya una relación o nexo causal entre la actuación médica y el daño antijurídico recibido.

La responsabilidad del médico se ve comprometida cuando la falta de tratamiento o el error de diagnóstico obedece a la omisión de adoptar las medidas adecuadas en función del estado del paciente.