Como fue valorado precedentemente, no se demostró que obedeciera a un motivo por el cual no debiera responder, en tanto no se probó que hubiera sido consecuencia de circunstancias climáticas que configuraran un supuesto de caso fortuito y de fuerza mayor por las que no debiera responder, ni tampoco que las medidas adoptadas a raíz del evento constituyeran una decisión razonable y justificada.
El accidente laboral sufrido por la accionante en 2022 generó secuelas físicas y psíquicas permanentes que afectan significativamente su capacidad laboral y calidad de vida. La fórmula de Balthazard, aplicada sobre la incapacidad física del 10% y la incapacidad psíquica del 10%, a los que se adicionan factores de ponderación arroja una incapacidad total combinada del 25.8%.
No se esperaba que en el curso de “un baño de crema” se provocara a la clienta lesiones calificadas como gravísimas. Aun prescindiendo del deber de seguridad en materia contractual, de fecunda aplicación antes de la sanción del nuevo código, la acción descripta ha infringido objetivamente el deber de no dañar a otro.
La prueba de la intervención directa del influencer debió de haberse acreditado por el actor, lo que no se logró. Por consiguiente, aun cuando la crítica y agresión existió, quien la efectuó fueron personas distintas al demandado, por las cuales él no debe responder. No se presenta en el caso ningún supuesto por el cual la legislación prevea responder por la responsabilidad ajena.
Dice que cayó cuando el vehículo frenó. En ese momento debía de estar sentado y no dio razón de por qué estaba de pie. Esta omisión de la diligencia debida, elevada al plano causal, es relevante en la génesis del daño. Como también lo es la conducción del vehículo sin probar que se hizo con toda la diligencia, que incluye comprobar que los ocupantes del vehículo están debidamente sentados en el momento de arrancar.
Luego del operativo la casa quedó en estado deteriorado, por lo que resulta incoherente afirmar que no se acreditaron de manera suficiente los daños y que es necesaria la declaración de los acusados en tal sentido. Las actas de constatación las elabora un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, por lo que tienen mérito probatorio.
Resulta claro que el que acepta viajar gratuitamente o por cortesía asume solo y exclusivamente los riesgos propios de la circulación normal, salvo situaciones que, como prevé la normativa aplicable, es admisible considerar que por las circunstancias del caso existió una exposición voluntaria a una situación de peligro con la consecuente fractura (total o parcial) del nexo de causalidad adecuado.
Está acreditado que existe un daño que proviene de una obligación incumplida por parte del demandado, al omitir el deber de cuidado por la falta de seguridad del local de su propiedad, por lo que corresponde resarcir el daño producido según el quantum calculado por las instancias de mérito.
Se comparte la postura conforme la cual la norma reprime el actuar que constituya un maltrato arbitrario que supone el uso del poder -básicamente, el disciplinario- del superior, de un modo que afecte la dignidad del inferior, le produzca daño o lo menoscabe material o moralmente.
Hoy en día, garantizar la seguridad en los alimentos y bebidas que se comercializan ocupa un lugar de privilegio entre las preocupaciones sociales. Correlativamente, el umbral de «benevolencia» con que deben ser apreciadas las fallas o incumplimientos se reduce dramáticamente.
Cuestionan la constitucionalidad de ciertos artículos de la Ley 27.573, que regula las vacunas contra el COVID-19 en Argentina. En este sentido, impugnan su artículo 2 (que autoriza la prórroga de jurisdicción) y 4 (que establece la cláusula de indemnidad patrimonial a favor de los laboratorios).
