La Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a las 25 personas identificadas, tras identificar que se cumplían los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. Pese a las reiteradas acciones de la Comisión para obtener información de parte del Estado de Nicaragua, no ha recibido respuesta que indique la adopción de medidas idóneas y efectivas para mitigar el riesgo.
Si bien no corresponde, a través del mecanismo de medidas cautelares, analizar las actuaciones procesales que se enmarcan en el proceso penal en contra de las personas propuestas beneficiarias, o su compatibilidad con la Convención Americana, se advierte que estas se encontrarían bajo custodia del Estado y se le ha negado información oficial a los representantes legales y familiares.
Actualmente el contexto de cierre del espacio cívico y democrático en Nicaragua constituye uno de los más graves en la región. El principio de separación de poderes se quebrantó. Todos los poderes están alineados y dirigidos por el Ejecutivo, por lo que no representan límites para el ejercicio del poder ni impiden las arbitrariedades; por el contrario, las facilitan o consolidan.
Acusa a Alemania de proporcionar apoyo político, financiero y militar a Israel, siendo consciente de que este equipo militar podría ser utilizado para cometer violaciones del derecho internacional. Además, subraya que este país suspendió su asistencia a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).
Los hechos alegados por la parte solicitante, los cuales no resultaron controvertidos por el Estado, y a la luz contexto que atraviesa Nicaragua, son susceptibles de afectar de manera seria los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas propuestas beneficiarias.
En 2008, Jaime Antonio Chavarría Morales, un candidato a concejal en Nicaragua, sufrió agresiones físicas y amenazas, junto con su familia, durante el proceso de verificación ciudadana para las elecciones municipales. De acuerdo con los reportes médicos el brutal ataque contra Chavarría y su familia tuvo graves repercusiones físicas, tales como fracturas y heridas.
Reiteradamente se ha ordenado al Estado el cese de las agresiones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, en resoluciones que han sido contumazmente desconocidas por el mismo, que ha anunciado de manera explícita y contundente su decisión de no cumplirlas. Esto significa desde el punto de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos un acto de extrema gravedad.
El Estado se encuentra en una posición especial de garante que implica el deber de respetar la vida, integridad, salud y demás derechos humanos de las personas privadas de libertad, en tanto las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia.
La CIDH observa con preocupación que, a la fecha, 8 sacerdotes permanecen privados de libertad. Entre ellos, el monseñor Rolando Álvarez, quien se encontraría en condiciones deplorables de detención, incomunicado y con afectaciones a su salud, como quedó evidenciado en la visita de sus familiares el pasado 25 de marzo.
Hay suficientes elementos que permiten relacionar la situación del obispo con los hechos que justificaron la adopción de medidas provisionales en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua. Ello lleva a la Corte a constatar que, prima facie, se configuran los mismos factores de riesgo que se han identificado en las Resoluciones adoptadas en este asunto.
Los indígenas constituyen un grupo desproporcionadamente afectado por la pena privativa de la libertad. Así, dicha medida representa un obstáculo para el ejercicio pleno del derecho a la identidad cultural de las personas indígenas, cuyos efectos se extienden a toda la comunidad.
