La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia detenciones arbitrarias y condiciones de encarcelamiento violatorias de derechos humanos en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Las reformas introducen disposiciones que permitirán la suspensión de derechos fundamentales durante estados de emergencia y reducen los requisitos legales para la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, bajo el argumento de preservar la estabilidad del Estado.
Santos Sebastián Flores Castillo denunció en 2005 que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, había iniciado una relación con su hermana de 15 años, con quien habría tenido una hija. Tras estas denuncias, Flores Castillo y su familia sufrieron persecución del Estado.
El 21 de abril de 2018, durante una manifestación en Bluefields, el periodista Ángel Gahona López cubría los enfrentamientos entre manifestantes y la policía cuando fue alcanzado por un disparo. Aunque fue auxiliado por civiles, testigos aseguran que la Policía Nacional no le brindó asistencia, y Gahona falleció poco después en el hospital.
En su último informe anual, la Oficina de la ONU dedicada a monitorear las garantías fundamentales insta al Gobierno nicaragüense a liberar de inmediato a todos los detenidos arbitrariamente y a restablecer el espacio cívico en el país, lo que incluye el cese de la persecución y la restitución de las organizaciones de la sociedad civil.
El 5 de septiembre de 2024, estas 135 personas, que permanecían detenidas arbitrariamente en Nicaragua bajo condiciones deplorables y alegaciones de tortura y malos tratos, fueron excarceladas y trasladas a Guatemala. La CIDH saludó los esfuerzos de los Estados Unidos de América y Guatemala para recibirlas, así como las medidas anunciadas para garantizar asistencia médica y humanitaria.
Las detenciones arbitrarias, la intimidación de opositores, los malos tratos bajo custodia y los ataques contra pueblos indígenas son algunos de los abusos destacados en un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país centroamericano. El responsable de la ONU de velar por esas garantías pide que se respete el derecho a la participación política.
El documento alude a una serie de presuntas violaciones a los derechos humanos, principalmente dirigidas contra individuos identificados como opositores al gobierno. Entre las situaciones descritas se incluyen arrestos arbitrarios, la imposición de juicios que carecen de las debidas garantías procesales, y el sometimiento de personas detenidas a condiciones de reclusión consideradas inhumanas.
La parte solicitante indicó que Douglas Acevedo Castillo, Anner Herrera y Geovanny Jaret Guido Morales se encuentran recluidos en la cárcel «La Modelo», en condiciones inadecuadas de detención y sin recibir la atención medica necesaria para sus padecimientos. Asimismo, enfrentan hechos de violencia tales como golpizas, malos tratos e intimidaciones por parte de agentes penitenciarios.
La Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a las 25 personas identificadas, tras identificar que se cumplían los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. Pese a las reiteradas acciones de la Comisión para obtener información de parte del Estado de Nicaragua, no ha recibido respuesta que indique la adopción de medidas idóneas y efectivas para mitigar el riesgo.
Aunado al contexto de represión sistemática en el país, la Comisión considera que el presente asunto reúne a primera vista (prima facie) los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento.
