La privación de libertad de estas personas conlleva implícito un mensaje intimidatorio orientado a disuadir y silenciar a otros opositores políticos, situación que continúa erosionando las reglas democráticas. En una sociedad democrática los derechos y libertades de las personas, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada completa que adquiere sentido en función de los otros.

Existe un prolongado debilitamiento de la institucionalidad democrática en Nicaragua, que ha derivado en la perpetuación de la crisis de derechos humanos en el país, así como en la generación de una situación de impunidad estructural respecto de las graves violaciones cometidas.

Se constató la existencia de amenazas a su vida e integridad personal, lo que configura una situación de extrema urgencia y un riesgo de daño irreparable.

El daño irreparable consiste en la afectación de derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o una adecuada indemnización.

El 31 de enero el Ministerio Público ordenó, mediante comunicado de prensa, la reanudación de los juicios orales en contra de las más de 30 personas presas políticas que permanecen en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial («El Chipote») y de aquellas que están bajo arresto domiciliar.

El incumplimiento por parte del Estado de Nicaragua puede generar responsabilidad internacional.

Se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables.

La comunicación de información sobre asuntos de índole pública y política es indispensable para garantizar el ejercicio de los derechos de participación política.

En particular, la Comisión condenó la detención y criminalización de Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García, quienes habían hecho públicas sus precandidaturas presidenciales, en el contexto de las elecciones generales previstas para noviembre próximo.

La Comisión fue informada que determinadas personas inicialmente beneficiarias se encontraban en libertad, pero continuaban siendo objeto de factores de riesgo al igual que sus familiares hasta la fecha.