Se posterga la revinculación de la niña con su madre hasta que ella se haya sometido a los programas de intervención que fueren necesarios, que la habiliten para ejercer la marentalidad de una manera que ponga al centro la protección y los cuidados de la niña.
La niña tenía 8 años cuando se inició el procedimiento, por lo que correspondía darle la oportunidad de expresarse, en una forma acorde a su edad y madurez, de manera que la decisión también considerara sus sentimientos, deseos o temores respecto a la forma de resolver la cuestión sometida a decisión del tribunal.
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No se vislumbra afectación o atropello a los derechos de la amparada ni a la garantía constitucional protegida por la acción de amparo constitucional, ya que, de los antecedentes, la amparada y su hija han recibido y están recibiendo un trato acorde a su situación.
La norma establece limitaciones de edad y condiciones climáticas para su uso, junto con sanciones para los operadores que incumplan los reglamentos.
De igual modo debe ejercer las funciones y atribuciones que correspondan al SENAME en aquellas materias relativas a la línea de acción, Oficinas de Protección de Derechos (OPD).
No puede excusarse en la falta de dictación de reglamentos de programas y financiamiento, por cuanto constituye una obligación que le ha impuesto el legislador.
La niña, en cuyo favor se recurre, actualmente se encuentra con su madre por lo que no se advierte ilegalidad.
Por mayoría el Senado respaldó el informe elaborado por la Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes y que desestimó las observaciones del Ejecutivo.
Se pronunció sobre los puntos pendientes, entre ellos, la norma que supeditaba la entrada en vigencia de la ley a la promulgación de la ley de garantías de los derechos de la niñez.
