Es fundamental que Chile siga el ejemplo de aquellos países que han implementado legislaciones que reconocen y protegen los derechos de las parejas convivientes, garantizando que todas las mujeres, sin importar su situación legal de pareja, puedan ejercer plenamente sus derechos y vivir una vida libre de violencia y desigualdades.
La ruptura del principio de inocencia, demostrando el proceder doloso de los imputados mediante los medios probatorios pertinentes corresponde al que sostiene la acción penal privada, esto es, al querellante.
Dado que el motivo de discriminación, religión o convicciones, abarca a todos los trabajadores de la misma manera, un enfoque segmentado de ese motivo tendría como consecuencia crear subgrupos de trabajadores y menoscabar así el marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.
Los hechos no pueden subsumirse dentro de la figura establecida en el artículo 2 de la “Ley Zamudio”.
La norma impugnada comprende un completo test acerca de la validez procesal de las presunciones, y exige un conjunto amplísimo de conexiones y requisitos, cuya consecuencia es, precisamente, reducir la arbitrariedad judicial.
La requirente estima que los preceptos legales impugnados vulneran las garantías constitucionales del debido proceso y la no discriminación arbitraria.
