Argumentan que no se fundó adecuadamente el acto impugnado, lo cual deviene en ilegal, arbitrario y vulnera de la garantía de la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº 2 de la Constitución.
La confianza legítima solo exige que el acto que contiene la decisión de no renovar una contrata se encuentre debidamente fundado con razones objetivas.
El decreto contiene los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan de manera suficiente la decisión.
