No es posible soslayar que la solicitud de cambio de local efectuada por la corporación educacional a la secretaría ministerial llevaba más de dos años en tramitación, sin ser resuelta al momento de formularse los cargos por la Superintendencia de Educación.
Sostenedores de establecimientos técnico profesional son responsables del resguardo de la integridad de los alumnos que realizan este proceso necesario para la obtención del título de técnico nivel medio.
El Reglamento fiscalizado es de carácter general para todos sus establecimientos. De este modo, resulta improcedente que la Superintendencia de Educación sancione a JUNJI por cada uno de los establecimientos fiscalizados.
Sin mayores explicaciones, ni menos investigación, la falta gravísima de portar armas en la escuela devino en que el arma no era tal, sino que se trataba de una pistola de juguete, lo que hace variar la naturaleza de la falta.
La Seremi de Educación cumple con el deber de resguardar el patrimonio fiscal al solicitar el reintegro.
La reclamada ha efectuado una calificación jurídica improcedente de los hechos, al sostener que hay incumplimiento del colegio por no haber concurrido la totalidad del personal a una capacitación sobre convivencia escolar.
La decisión que motiva la sanción a la apoderada se adoptó con anterioridad al inicio de la investigación.
La actuación del colegio es arbitraría y vulnera los derechos fundamentales de la estudiante, en tanto impide que curse su último año de educación media con el pretexto de mantener deuda por los años anteriores
Dada la continuidad y regularidad con que continuarán las clases durante el año 2023, se estableció que los establecimientos escolares deben ajustar tempranamente su plan de mejoramiento educativo, y planificar el uso de sus recursos.
Aborda materias relacionados a la educación pública, a aspectos laborales de los trabajadores de la educación, a la retención de subvenciones, a la educación superior e inclusión en establecimientos particulares pagados.
Denuncia por deficiencias en infraestructura originó una fiscalización y multa para el establecimiento por incumplimiento de la normativa educacional, la que fue confirmada en las instancias judiciales.
