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La iniciativa plantea que el proyecto de ley analizado aborda un problema crítico en la sociedad contemporánea: la proliferación de noticias falsas y desinformación, a través de la extensión del deber de veracidad a figuras públicas y la estipulación de consecuencias procesales específicas que busca fortalecer la integridad y la transparencia en la comunicación pública.
27 de marzo de 2024