La expresión “Se entenderá notificada…” con que comienza el inciso 3° del artículo 18 de la Ley N°18.287, constituye una presunción legal, la cual si no es desvirtuada con prueba en contrario resuelve el problema.

El recurrente no puede excusar su pasividad en la emergencia sanitaria para oponerse al abandono del procedimiento, pues era su responsabilidad hacer avanzar el juicio mediante la notificación de la resolución que recibió la causa a prueba.

Al solicitarse dicha información, los funcionarios deben ser notificados, a fin de que puedan ejercer su derecho de oposición.

El acto terminal debe orientarse a cumplir con los artículos 7, 8, y 9 de la Ley N°19.880, en relación con la igualdad ante la ley que le asiste al solicitante.

Pretender que la sola presentación del libelo interrumpe el plazo de prescripción, significaría que quedaría al arbitrio del demandante la determinación de la época en que la interrupción se consolidara.

El requirente estima que vulnera su garantía al debido proceso, puesto que no fue debidamente emplazado en procedimiento que terminó con el remate de un inmueble de su propiedad.

Los requirentes estiman que se le afecta su derecho al debido proceso, al no haber sido notificados legalmente del requerimiento de pago de contribuciones que terminó con el remate de un inmueble de su propiedad.

La notificación de esta resolución a una de las partes debe ser calificada de útil, pues unida a la que debe efectuarse a la contraparte, resulta eficaz para hacer avanzar la causa a su siguiente estado procesal.

La falta de antecedentes que acrediten lo sostenido por el actor, lleva a concluir que no existe un acto arbitrario o ilegal que importe amenaza o vulneración a alguna de las garantías invocadas.

La acción impetrada no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, toda vez que no resulta ser la vía idónea al efecto.