Carabineros realizó un control de identidad fundado en una denuncia anónima inexistente, que afirmaba que el acusado se encontraba “merodeando” un lugar a bordo de un vehículo, hecho que no se pudo comprobar, por lo que todas las pruebas incriminatorias recabadas por los funcionarios adolecen de ilegalidad y no debieron ser consideradas en juicio.
El máximo Tribunal estimó que la sentencia condenatoria no explica lógicamente el origen del incendio con la participación directa del imputado, condenando al acusado de forma especulativa, e infringiendo con ello el principio de razón suficiente.
El agente aprehensor ingresó “por accidente” al domicilio del acusado, sin poder demostrar posteriormente la existencia de la supuesta arma de fuego que motivó el operativo, por ende, toda la prueba reunida para condenar al recurrente es ilegal y no debe ser considerada en el nuevo juicio en su contra.
El letrado no asistió a una audiencia de coordinación de juicio oral, justificándose de forma posterior. No obstante, y pese a que el acusado manifestó en reiteradas ocasiones que deseaba volver a ser representado por su abogado de confianza, el tribunal no autorizó el patrocinio y designó de oficio al defensor penal público, infringiendo con ello el debido proceso.
El máximo Tribunal sostuvo que no procede condenar al recurrente, por el mero hecho de ser encontrado en un domicilio ajeno, a punto de consumir estupefacientes que no eran de su propiedad, además, al allanar el domicilio del encartado, no se encontraron elementos que lo liguen a ninguna actividad de tráfico ilícito de droga.
La huella del acusado fue encontrada en un sector aledaño a una cabaña donde el personal policial incautó gran cantidad de municiones, armas de fuego, y armas de fogueo adulteradas; no obstante, el tribunal no razonó todas las hipótesis que explicarían como la huella llegó al lugar, y prefirió situar inmediatamente al imputado en el lugar, vulnerando el principio de razón suficiente.
En medio de una manifestación en octubre de 2019, el acusado disparó su arma antimotines desde el carro lanza aguas, provocando múltiples lesiones a la víctima, que producto de dichas heridas perdió la visión del ojo izquierdo. Los jueces estimaron que el fallo absolutorio vulnera el principio de no contradicción, al asignar valor a la declaración de la víctima, y a continuación, desestimarla para absolver al imputado.
La encartada fue sorprendida portando droga al interior de la cárcel femenina de Valparaíso. La audiencia de juicio se desarrolló de forma remota, hasta que la imputada tuvo problemas de conexión, y pese a ello, el tribunal decidió seguir adelante en ausencia de la acusada, incumpliendo la regla de justificación para estas situaciones establecida en el artículo 283 del Código Procesal Penal.
El recurrente fue condenado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, pero ante el tribunal no se rindió prueba que lo vinculara con la tenencia de las armas y municiones incautadas en el domicilio en que fue detenido junto a otro coimputado, infringiéndose de esta forma el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal.
Estimó que la decisión del tribunal de base de condenar a los encartados por un delito de lesiones en concurso con un cuasi delito de homicidio es errada, debido a que del propio fallo condenatorio se desprende la existencia de dolo eventual y, en tal sentido, la calificación de los hechos debió ser la de homicidio simple.
Los agentes ingresaron autorizados por la dueña de la residencial donde se encontraba la imputada, no obstante, no solicitaron el permiso de la acusada para ingresar a la pieza, infringiendo su garantía de inviolabilidad del hogar y contaminando con dicha ilegalidad toda la prueba reunida en la diligencia.
