La Corte Suprema resolvió que al cuestionarse la naturaleza misma de la acción deducida, se requiere un pronunciamiento de fondo que ha de verificarse en la sentencia definitiva, por lo cual anuló de oficio el procedimiento y declaró que el Tercer Juzgado Civil de Temuco es competente, debiendo continuar con la tramitación del proceso.
Revocó la decisión de primer grado, al estimar que el Fisco no puede actuar de forma diferente y desconocer los beneficios otorgados a la demandante en el marco de la “Ley Navarino”, pues queda en evidencia la contradicción del ente al autorizar el funcionamiento de la empresa, y al mismo tiempo acusar que aquella no cumple los requisitos para beneficiarse de la franquicia tributaria.
El requirente alega que el precepto legal impugnado establece sanciones extremadamente gravosas y no atiende a las circunstancias del caso particular, lo que vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso, entre otras garantías constitucionales.
El requirente alega que el hecho que la norma sólo aplique a procedimientos penales vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y debido proceso.
En el año 2001 fue dado de baja al ser acusado de formar parte de una agrupación de asaltantes. En 2008 fue absuelto por la Crote Marcial, no obstante, este hecho no merma la legitimidad del acto que lo destituyó, el cual fue dictado conforme a derecho y no procede en su contra la acción de nulidad de derecho público.
El recurrente demandó la nulidad de ocho resoluciones del SEREMI de Bienes Nacionales regularizaron un inmueble sin comprobar que los solicitantes cumplieran con el plazo de posesión exigido en el D.L, N°2.695, hecho del que se sigue la cancelación de las inscripciones dominicales; acción que no prescribe en los términos ordinarios del derecho civil.
Resoluciones que declararon la salud irrecuperable y la baja del servicio, se fundaron en un informe emitido por un superior que ejerció ilegalmente la profesión de médico psiquiatra. No obstante, la acción de nulidad de derecho público no puede prosperar al haber cambiado la calidad jurídica del actor y no existir norma que revierta la baja permanente.
La acción de nulidad de derecho público se interpuso además fuera del plazo especial de dos años establecido en el DL Nº2695 para impugnar el acto, así como el de 5 años establecido para las acciones ordinarias.
La acción de resarcimiento se hizo depender del acogimiento de la pretensión invalidatoria de la resolución que se esgrimió como causante de los daños, por lo que habiéndose desechado esta última la pretensión de indemnización de perjuicios no podía continuar por sí sola.
El acto de “requerir” se aprueben normas para realizar el plebiscito dirimente; declarar feriados nacionales para jornadas de deliberación y discusión; disminuir la edad para sufragar, entre otras, constituye un desvío de fin, lo que constituye un vicio de nulidad.
Los actos administrativos, especialmente aquellos que afectan derechos de los administrados, deben contener suficientes fundamentos legales y fácticos. Su contenido tiene que bastar para explicar su motivación, no pudiendo complementarse con informes, documentación o explicaciones posteriores o paralelas.
