Los contratos celebrados por la Administración gozan de presunción de legalidad, y no pueden convalidar libremente las disposiciones del artículo 162 del Código del Trabajo.

El máximo Tribunal sostiene que este es el criterio judicial que ha primado, y que se condice con el correcto sentido y alcance de los artículos 162 y 183 B del Código del Trabajo.

El requirente alegó que el precepto legal constituye una sanción desproporcionada que se aplica de manera automática e ilimitada en el tiempo.

Los contratos fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad.

El hecho que genera la sanción se origina en el ámbito que debe controlar y en el que la ley le asignó responsabilidad.

Atendido al estado procesal de la gestión pendiente, no se observan vulneraciones actuales a las garantías constitucionales del requirente.

La institución del despido indirecto obedece al sano propósito que las entidades empleadoras cumplan con las obligaciones que las ligan con sus dependientes.

Esto, según lo consignado por el artículo 162 del Código del Trabajo, que en opinión del máximo Tribunal es compatible con la acción del artículo 171 del mismo cuerpo legal.

De esta forma, si el vínculo laboral cesó antes de la fecha en que se dictó la resolución que dispuso la liquidación, la sanción de nulidad del despido debe aplicarse solo hasta dicha data.

El requirente alega que la disposición impugnada transgrede las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.