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La ley polaca permite la interrupción del embarazo en caso de que la vida o la salud de la mujer se vean comprometidas. En este sentido, el concepto de «salud» es interpretado de manera general, lo que incluye tanto la salud física como mental.
La ley polaca permite la interrupción del embarazo en caso de que la vida o la salud de la mujer se vean comprometidas. En este sentido, el concepto de «salud» es interpretado de manera general, lo que incluye tanto la salud física como mental.
En vista de las presentaciones del demandante, sus actividades como activista y su persistente negativa a servir en el ejército a pesar de las medidas adoptadas contra él, se debe estimar que su objeción estuvo motivada por convicciones o creencias de suficiente contundencia, seriedad, cohesión e importancia en razón del artículo 9 del Convenio.
Asignar una protección absoluta al derecho a la vida en su primera dimensión resultaría en una afectación más significativa, ya que en este escenario no existe una privación no arbitraria, además, hay un contexto de sufrimiento intenso por una lesión corporal grave e irreversible o una enfermedad grave e incurable.
Entre las materias zanjadas por la Comisión Mixta, se acogió la exención del pago de contribuciones para “el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su familia» (por 7 votos a favor y 5 en contra), enmienda propuesta por los representantes del Partido Republicano y Chile Vamos.
En cuanto al derecho a la vida, ninguna de las observaciones realizadas al artículo 16 inciso 1 lograron el quorum necesario para su aprobación. De esta manera, permanecerá la redacción del Consejo Constitucional que señala que “la ley protege la vida de quien está por nacer”. Este tema ha sido de amplio de debate en todo el Proceso Constitucional.
Del artículo 119 ter del Código Sanitario se desprende que la información relativa a los médicos objetores de conciencia no se encuentra centralizada, por cuanto, dicha objeción debe ser firmada por el objetor y por el director del establecimiento.
El derecho a no cumplir una norma u orden de la autoridad que violente las convicciones íntimas de una persona, siempre que dicho incumplimiento no afecte significativamente los derechos de terceros ni otros aspectos del bien común.