La sentencia que condenó a la recurrente por regularizar maliciosamente un inmueble fue dada a conocer únicamente en su parte resolutiva, siendo transcrita íntegramente 2 semanas después de dictada, lo que vulneró el derecho de la acusada a conocer los motivos de la magistratura para imponer el castigo, y de esta forma ejercer oportunamente su derecho a recurso.