El informe concluye que la corrupción tiene repercusiones en el desarrollo económico, el ejercicio de los derechos fundamentales y el funcionamiento de los sistemas democráticos. En este contexto, el presidente de Transparencia Internacional ha instado a los gobiernos a integrar medidas anticorrupción en sus políticas públicas con el fin de fortalecer la gobernanza y la integridad institucional.
En diversos foros internacionales, Arabia Saudita ha sido objeto de evaluaciones en las que se han planteado preocupaciones por la situación de los derechos humanos en su territorio. En particular, recientemente no obtuvo un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, decisión atribuida a cuestiones sobre derechos fundamentales.
El término «agente extranjero» asignado a las personas físicas o jurídicas demandantes obstaculizó considerablemente sus actividades, ya que les impuso obligaciones adicionales en términos de contabilidad, control, presentación de informes y divulgación, así como un obstáculo para su participación en las elecciones.
Afectaría de manera desproporcionada a ciertos grupos de la población, particularmente a personas en situación de vulnerabilidad, tales como personas con discapacidad, familias monoparentales (principalmente mujeres) y personas que viven en condiciones de pobreza.
La decisión adoptada por el Consejo en orden a desestimar la inscripción de la ONG «Respeto, Justicia y Dignidad» en el registro de donatarios regulado por la ley N° 19.885, que establece incentivos tributarios para las donaciones a entidades sin fines de lucro con fines sociales y público, se ajustó a derecho.
El artículo 1 de la Convención prohíbe explícitamente que los Estados Partes colaboren o faciliten la realización de actividades prohibidas relacionadas con municiones en racimo. Sin embargo, se menciona que algunos países miembros podrían haber incumplido este principio.
Entre las recomendaciones, se incluye la liberación inmediata de personas calificadas como defensoras de los derechos humanos y periodistas que, según se alega, han sido detenidos arbitrariamente. Asimismo, se recomienda la derogación o modificación de leyes que, presuntamente, se han utilizado para reprimir a minorías y limitar la disidencia.
Se subraya la importancia de combatir la prostitución y las redes de trata de personas, así como la obligación de los Estados partes de la Convención de proteger a las víctimas. Aceptamos que los objetivos perseguidos por la medida impugnada, a saber, la defensa del orden y la seguridad públicos, la prevención de delitos, así como la protección de la salud y los derechos y libertades de los demás, constituyen objetivos legítimos en el sentido del artículo 8 del Convenio.
Cuando una ONG llama la atención sobre cuestiones de interés público, está ejerciendo un papel similar al de la prensa y podría caracterizarse como un “vigilante” social. Además, la sátira es una forma de expresión artística y comentario social que naturalmente tiene como objetivo provocar y agitar, contribuyendo así al debate público.
El Estado no ha adoptado ningún tipo de acción reciente para atender la situación que enfrentan los integrantes de la organización PROVEA. Lo anterior ha llevado a que los factores de riesgo identificados por la Comisión en 2015 y 2019 no se concentren solo en las personas que tienen cargos de coordinación, sino también en el resto de las personas que integran la mencionada organización.
La jurisprudencia ha empezado a recepcionar, en materia de derecho animal, un nuevo paradigma que es tendencia y que cuestiona el status jurídico actual de “cosa” que les otorga el derecho argentino a los animales, resultando adecuado mencionar el precedente de la “orangutana Sandra” y el proyecto de ley que se encuentra presentado en la Cámara de Diputados de la Nación denominado “sintientes”.
