Cuando una ONG llama la atención sobre cuestiones de interés público, está ejerciendo un papel similar al de la prensa y podría caracterizarse como un “vigilante” social. Además, la sátira es una forma de expresión artística y comentario social que naturalmente tiene como objetivo provocar y agitar, contribuyendo así al debate público.

El Estado no ha adoptado ningún tipo de acción reciente para atender la situación que enfrentan los integrantes de la organización PROVEA. Lo anterior ha llevado a que los factores de riesgo identificados por la Comisión en 2015 y 2019 no se concentren solo en las personas que tienen cargos de coordinación, sino también en el resto de las personas que integran la mencionada organización.

La jurisprudencia ha empezado a recepcionar, en materia de derecho animal, un nuevo paradigma que es tendencia y que cuestiona el status jurídico actual de “cosa” que les otorga el derecho argentino a los animales, resultando adecuado mencionar el precedente de la “orangutana Sandra” y el proyecto de ley que se encuentra presentado en la Cámara de Diputados de la Nación denominado “sintientes”.

Los diarios de reuniones solicitados existían y, por tanto, estaban «listos y accesibles». Por lo tanto, la negativa a conceder acceso a los diarios de reuniones había interferido con el derecho de la ONG demandante a recibir y difundir información. La información precisa es una herramienta del oficio de un organismo de control público.

Las organizaciones instan a una revisión exhaustiva del borrador para abordar estas preocupaciones antes de que avance más en el proceso legislativo. En última instancia, buscan una convención que proteja los derechos individuales y fomente la cooperación internacional en el ciberespacio de manera justa y equitativa.

Resulta imprescindible que la ciudadanía, autoridades y funcionarios conozcan las forma y procedencia del financiamiento de las organizaciones no gubernamentales que operan en nuestro país para efectos de prevenir y fiscalizar de mejor manera eventuales situaciones irregulares, como, por ejemplo, conflictos de interés, encubrimiento de actividades ilícitas, tráfico de influencia, entre otras.

Cuando un medio de comunicación difunde declaraciones de un tercero que pudieran ser lesivas al honor, pero el medio actúa como un mero transmisor de estas, el medio queda exonerado de responsabilidad, por lo que no resulta procedente un pedido de rectificación.

663 organizaciones han pedido que se derogue la normativa, teniendo presente que, en los últimos años, todas las vías constitucionales para lograr su anulación en los tribunales locales han resultado inútiles a causa de la falta de independencia judicial y del estricto control que el ejecutivo ejerce sobre el poder judicial.

Miembros de una ONG fueron perseguidos tras expresarse en una protesta.