El documento subraya la necesidad de una intervención internacional para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional y prevenir el agravamiento de la situación de seguridad. Según el informe, de no adoptarse medidas inmediatas, existe el riesgo de que las organizaciones delictivas amplíen su control territorial, lo que dificultaría las medidas gubernamentales e internacionales.
Los ataques contra instalaciones médicas podrían constituir violaciones graves del derecho internacional humanitario en lo relativo a la protección de infraestructuras sanitarias durante conflictos armados. Asimismo, señala que tales acciones podrían interpretarse como actos de castigo colectivo, lo cual está tipificado como crimen de guerra bajo las normas internacionales aplicables.
La declaración hace referencia a las obligaciones jurídicas de Israel como Estado parte en instrumentos internacionales, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. En virtud de estos instrumentos, se destaca la responsabilidad de prevenir actos que puedan constituir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio.
La nueva Convención busca mejorar la cooperación internacional y proteger a los más vulnerables frente al crimen cibernético, que afecta a millones de personas en todo el mundo.
El informe recomienda a la comunidad internacional mantener y reforzar la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el fin de respaldar las acciones de la Policía Nacional de Haití. También insta a implementar mecanismos para restringir el suministro, venta y transferencia de armas al territorio haitiano.
La convención establece mecanismos para facilitar la cooperación internacional en la investigación y el enjuiciamiento de delitos cibernéticos. Entre las medidas incluidas se encuentran el intercambio de pruebas electrónicas y la asistencia jurídica mutua entre Estados.
Entre las medidas sugeridas se incluye la incorporación de formación en prevención de conductas abusivas en los programas de capacitación de las Naciones Unidas, el establecimiento de mecanismos de denuncia externos e independientes de las cadenas de mando nacionales y la promoción de políticas de tolerancia cero por parte de los líderes de las misiones.
Se hace referencia a obligaciones establecidas en el derecho internacional, particularmente en lo que respecta a la protección de la población civil, e incluye una demanda de cumplimiento de la Resolución 2735 del Consejo de Seguridad. Esta última requiere la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, el retorno de desplazados palestinos a sus hogares y el intercambio de prisioneros entre las partes implicadas.
Entre las recomendaciones del informe se incluye la necesidad de incorporar medidas específicas para la protección de la infancia en los marcos legales y operativos contra la trata de personas. Asimismo, enfatiza la importancia de fortalecer los sistemas de justicia para abordar el trabajo forzoso y la trata transfronteriza.
Las recientes reformas legales amplían los poderes del Estado para penalizar la disidencia, incluida la actividad en las redes sociales, y extienden las capacidades de vigilancia y enjuiciamiento. Además, concentran más el poder en el ejecutivo, socavando el estado de derecho y la libertad de expresión, entre otras garantías fundamentales, alerta la Oficina de Derechos Humanos.
El Relator Especial señaló la persistencia de desigualdades estructurales entre los sistemas de salud público y privado en Chile, con impactos significativos sobre grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo comunidades indígenas, migrantes y personas con identidades de género diversas.
