Se hace referencia a obligaciones establecidas en el derecho internacional, particularmente en lo que respecta a la protección de la población civil, e incluye una demanda de cumplimiento de la Resolución 2735 del Consejo de Seguridad. Esta última requiere la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, el retorno de desplazados palestinos a sus hogares y el intercambio de prisioneros entre las partes implicadas.

Entre las recomendaciones del informe se incluye la necesidad de incorporar medidas específicas para la protección de la infancia en los marcos legales y operativos contra la trata de personas. Asimismo, enfatiza la importancia de fortalecer los sistemas de justicia para abordar el trabajo forzoso y la trata transfronteriza.

Las recientes reformas legales amplían los poderes del Estado para penalizar la disidencia, incluida la actividad en las redes sociales, y extienden las capacidades de vigilancia y enjuiciamiento. Además, concentran más el poder en el ejecutivo, socavando el estado de derecho y la libertad de expresión, entre otras garantías fundamentales, alerta la Oficina de Derechos Humanos.

El Relator Especial señaló la persistencia de desigualdades estructurales entre los sistemas de salud público y privado en Chile, con impactos significativos sobre grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo comunidades indígenas, migrantes y personas con identidades de género diversas.

Algunos medios afganos han trasladado sus operaciones al extranjero para eludir las restricciones locales. Sin embargo, el régimen talibán ha adoptado medidas para contrarrestar estas actividades mediante el control de las frecuencias satelitales y los espacios digitales, extendiendo su influencia más allá de las fronteras del país.

Las reformas introducen disposiciones que permitirán la suspensión de derechos fundamentales durante estados de emergencia y reducen los requisitos legales para la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, bajo el argumento de preservar la estabilidad del Estado.

Sostiene que sus condenas son incompatibles con la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Entre las vulneraciones identificadas, destacan las limitaciones al derecho de libertad de expresión, la falta de acceso a un juicio imparcial y restricciones indebidas a la libertad personal.

El informe menciona específicamente la alegación de que la mayoría de estas muertes se atribuyen a la falta de cumplimiento de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución en las operaciones militares, principios esenciales del derecho internacional humanitario. A su vez, el documento examina la posibilidad de un patrón de segregación y fragmentación de las comunidades palestinas.

El informe detalla episodios de violencia sexual, uso de descargas eléctricas y otras formas de agresión física durante los interrogatorios, como golpizas, quemaduras y exposición prolongada a descargas eléctricas en contacto con agua. Estos métodos se identifican como parte de un patrón de trato severo e inhumano dirigido a personas bajo custodia.

El documento de la Comisión también aborda el aumento de los incidentes violentos en Cisjordania, señalando un incremento en los ataques de colonos israelíes militares contra la población palestina, así como el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad israelíes durante las operaciones.