El aumento de la violencia ha generado una crisis humanitaria significativa. Para mediados de 2024, se estima que más de 580.000 personas han sido desplazadas, muchas de ellas menores de edad, debido a que las zonas bajo control de las pandillas se han vuelto inhabitables.

Expertos de las Naciones Unidas resaltan la necesidad “irrefutable” de una regulación mundial de la inteligencia artificial (IA), para evitar la brecha digital y la desigualdad.

Aborda las consecuencias que, según el Comité de los Derechos del Niño, tienen las políticas de ocupación y la presencia militar de Israel en los derechos de los niños palestinos. Entre los efectos señalados se incluyen dificultades para acceder a recursos como la vivienda, un nivel de vida adecuado, alimentos, agua potable, saneamiento y servicios de salud.

El acuerdo aborda una serie de desafíos globales distribuidos en cinco ejes principales: desarrollo sostenible y financiación, paz y seguridad internacionales, ciencia, tecnología, innovación y cooperación digital, juventud y generaciones futuras, y la transformación de la gobernanza global.

Los investigadores encargados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denuncian que la violencia empleada contra los opositores ha alcanzado niveles “sin precedentes”, citando detenciones, abusos sexuales y torturas como algunos de los métodos utilizados por el Gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder.

En su último informe anual, la Oficina de la ONU dedicada a monitorear las garantías fundamentales insta al Gobierno nicaragüense a liberar de inmediato a todos los detenidos arbitrariamente y a restablecer el espacio cívico en el país, lo que incluye el cese de la persecución y la restitución de las organizaciones de la sociedad civil.

Las detenciones arbitrarias, la intimidación de opositores, los malos tratos bajo custodia y los ataques contra pueblos indígenas son algunos de los abusos destacados en un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país centroamericano. El responsable de la ONU de velar por esas garantías pide que se respete el derecho a la participación política.

Las autoridades emitieron ayer una orden de arresto contra el principal candidato de oposición en los comicios presidenciales de julio pasado por cargos que incluyen la falsificación de documentos. El Secretario General se suma a la preocupación de la Oficina y llama a proteger y respetar las garantías fundamentales. “Nadie debe ser sometido a arresto o detención arbitraria”, dice, e insta a resolver la controversia electoral pacíficamente.

El documento alude a una serie de presuntas violaciones a los derechos humanos, principalmente dirigidas contra individuos identificados como opositores al gobierno. Entre las situaciones descritas se incluyen arrestos arbitrarios, la imposición de juicios que carecen de las debidas garantías procesales, y el sometimiento de personas detenidas a condiciones de reclusión consideradas inhumanas.

El documento subraya que los trabajadores extranjeros, cuyo estatus migratorio está condicionado a su relación laboral con un empleador específico, enfrentan dificultades para ejercer sus derechos laborales debido a la dependencia económica y legal con su empleador. En caso de terminación de su contrato, los trabajadores estarían sujetos a una posible deportación.