Las autoridades emitieron ayer una orden de arresto contra el principal candidato de oposición en los comicios presidenciales de julio pasado por cargos que incluyen la falsificación de documentos. El Secretario General se suma a la preocupación de la Oficina y llama a proteger y respetar las garantías fundamentales. “Nadie debe ser sometido a arresto o detención arbitraria”, dice, e insta a resolver la controversia electoral pacíficamente.

El documento alude a una serie de presuntas violaciones a los derechos humanos, principalmente dirigidas contra individuos identificados como opositores al gobierno. Entre las situaciones descritas se incluyen arrestos arbitrarios, la imposición de juicios que carecen de las debidas garantías procesales, y el sometimiento de personas detenidas a condiciones de reclusión consideradas inhumanas.

El documento subraya que los trabajadores extranjeros, cuyo estatus migratorio está condicionado a su relación laboral con un empleador específico, enfrentan dificultades para ejercer sus derechos laborales debido a la dependencia económica y legal con su empleador. En caso de terminación de su contrato, los trabajadores estarían sujetos a una posible deportación.

El Alto Comisionado expresa preocupación ya que, “las críticas hacia el INDH (…) parecerían desconocer los principios fundamentales que rigen a las instituciones nacionales de derechos humanos”.

El titular de la Organización y el responsable de velar por los derechos humanos manifestaron preocupación por la violencia registrada en las protestas en distintas partes de Venezuela tras las elecciones presidenciales del domingo. Todos los venezolanos tienen derecho a participar en las decisiones que afectan sus vidas y el futuro de su país, dice Volker Türk, y se suma al llamado de António Guterres a resolver pacíficamente y con transparencia las controversias electorales.

Una tercera parte de las víctimas de trata son menores de edad. Este año, la jornada internacional contra ese lastre está dedicada a alertar sobre este abuso de los derechos humanos en los menores de edad.

En 1988, el gobierno iraní llevó a cabo ejecuciones de miles de presos políticos sin proporcionarles el debido proceso legal. Estas ejecuciones fueron supervisadas por un comité de tres personas, una de las cuales fue el ministro de Justicia, Mustafa Pour-Mohammadi. Pese a las protestas del ayatolá Montazeri, las ejecuciones continuaron, y se estima que causaron entre 2.800 y 4.481 muertes.

Durante el período cubierto por el informe, se registraron al menos 436 muertes de civiles y 1.760 heridos, en su mayoría debido al uso de armas explosivas en áreas pobladas. Asimismo, el informe señala que las autoridades rusas en los territorios ocupados han impuesto la ciudadanía rusa a los residentes, restringiendo el acceso a servicios médicos a aquellos sin pasaporte ruso.

En primer lugar, el informe destaca la ausencia de una base jurídica que justifique la privación de la libertad de Gershkovich a través de su arresto y detención prolongada. Según el grupo, esta falta de fundamento legal constituye una violación de sus derechos fundamentales.

Debe considerarse que la asistencia o protección del UNRWA ha cesado para el solicitante si, por la razón que sea, dicho organismo ya no puede garantizar unas condiciones de vida dignas o unas condiciones mínimas de seguridad a ningún apátrida de origen palestino, residente en el sector de la zona de operaciones del referido organismo.