Consta que el ejecutado tiene bienes, entre ellos, una propiedad, respecto de los cuales se ha pedido el embargo e incluso con auxilio de fuerza pública, a lo que el tribunal ha accedido, sin que la ejecutante haya realizado las actuaciones pertinentes para perseguir el cobro de lo adeudado sobre dichos bienes, lo que denota una desidia de su parte ya que han transcurrido 10 años desde el inicio de la causa ejecutiva.
Se ha interpuesto por el amparado un recurso de apelación dirigido a revertir su situación procesal, cuya concesión ha sido resuelta tardíamente por el tribunal de la instancia, todo lo cual ha devenido en la afectación de la libertad ambulatoria del amparado.
Ni en la Ley N°18.287 que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, como tampoco en la Ley N°15.231, sobre organización y atribuciones de los referidos Juzgados ni en el Código de Procedimiento Civil, es posible encontrar artículo alguno en tal sentido.
El artículo 26 del Código Procesal Penal, en cuanto a la obligación de señalar domicilio en el procedimiento, que en este caso recae sobre el imputado, tiene como consecuencia, en caso de incumplimiento, que las resoluciones que se dictaren en lo sucesivo se notificarán por el estado diario, apercibimiento que debe ser contenido en la propia resolución que ordena complementar el domicilio y no otorga, en cambio, la facultad de despachar orden de arresto, como ocurre en la especie.
El fiscal Khan ha declarado que, a partir del 8 de octubre, Israel implementó un «asedio total» sobre Gaza, restringiendo el flujo de bienes esenciales para la supervivencia humana. Se alega que este bloqueo fue utilizado como método de guerra.
El Juzgado recurrido debió emitir pronunciamiento respecto a la doble sanción impuesta al amparado, a fin de determinar la vigencia y/o mantención o en su caso el cese de la orden de detención despachada en su oportunidad.
Al concederse el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva en ambos efectos, el tribunal se encontraba impedido de conocer respecto de incidentes promovidos en el proceso y decretar los apremios.
La Ley N°14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, en ningún caso contempla un orden de prelación de las medidas de apremio.
En la región no hay oferta programática de residencia que cubra el perfil del adolescente de autos, por lo que el Director Regional ha debido coordinar la búsqueda de dicha oferta fuera de la región, territorios en los que no tiene facultades para ordenar derechamente el cupo solicitado.
El engaño fue descubierto luego que el verdadero letrado se percatara de que sus datos para acceder al portal de la Sociedad de Abogados de Kenia (LSK) habían sido cambiados. El “impostor” subió a su perfil una imagen de sí mismo y afirmó tener formación en derecho. El caso ha causado un gran revuelo mediático en Kenia.
Decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria, y sin que se hubiera dado cumplimiento a ellos en la forma pactada o hubiera dejado de pagar una o más de las pensiones decretadas, el tribunal podrá imponer respectivamente al deudor como apremio, el arraigo en su contra y suspensión de licencia de conducir.
