La única posibilidad de haber ordenado la detención judicial conforme al artículo 127 inciso cuarto del Código Procesal Penal, es que la resolución le hubiere sido notificada por correo electrónico, lo que no ocurrió, refiere el voto en contra.

Corresponde a la autoridad judicial de ejecución apreciar globalmente todos los elementos concretos que caracterizan la situación de la persona buscada que puedan indicar si entre esa persona y el Estado miembro de ejecución hay vínculos. Entre estos elementos figuran los vínculos familiares, lingüísticos, culturales, sociales o económicos que mantenga el nacional del Estado tercero con el Estado miembro de ejecución.

La decisión es considerada una respuesta a la orden de arresto dictada contra Vladimir Putin por la deportación masiva de niños ucranianos a territorio ruso. La Corte emitió un comunicado para condenar lo que considera un acto ”intimidatorio” que no socavará el trabajo del fiscal.

La falta de respuesta efectiva por parte del Servicio se ha configurado como una vulneración grave del derecho del adolescente, debido a que desde agosto de 2022 se le ha solicitado asignación de cupo residencial, informa el recurrido.

El mandatario es investigado por su presunta responsabilidad en el secuestro de niños ucranianos que fueron llevados a Rusia desde los territorios ocupados. También se expidió una orden de arresto contra una alta funcionaria de su gobierno.

Los dineros han permanecido en su poder en calidad de depositario, por lo tanto, la distracción de los fondos, más allá de significar una deuda con los dependientes, constituye, además, un ilícito penal previsto en el artículo 19 inciso final del Decreto Ley N°3.500.

De lo contrario, se vulnera la seguridad individual del amparado al no existir certeza de su culpabilidad en los hechos, o en la extensión del castigo en razón del artículo 69 del Código Penal.

Mahamat Nouradine Adam habría facilitado instalaciones gubernamentales a la facción armada Seleka, para cometer crímenes contra la población partidaria del ex presidente Bozizé.

El amparado no pudo acreditar el pago de las cotizaciones impagas y su diagnóstico de Covid-19 fue considerado insuficiente para suspender la medida.

La suma adeudada había sido retenida por la Tesorería General de la República en el año 2014, pero fue consignada en la cuenta del tribunal cinco años después.