La Resolución impugnada fue dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, considerando que el reclamante incurrió en una de las causales de expulsión previstas por la ley, y tras evaluar adecuadamente las circunstancias personales y familiares del mismo.
Consideró que la expulsión del extranjero se encuentra debidamente fundamentada en la Ley de Migraciones, ya que ingresó irregularmente al país. Tuvo en cuenta que el reclamante no acreditó la persecución alegada en razón de su orientación sexual ni tampoco presentó una solicitud de refugio, y que el arraigo laboral invocado fue posterior a la resolución de expulsión.
La decisión tomada por Migraciones se encuentra plenamente justificada, puesto que existe un Informe del Servicio de Inteligencia del cual se desprende que ya se ha calificado al señor Morales como una persona peligrosa para la seguridad del Estado, y ese es el motivo principal de impedir su ingreso a nuestro territorio.
La disposición requiere un nexo con la seguridad nacional de Canadá. Puede invocarse para declarar inadmisible a una persona sólo cuando sus “actos de violencia que pondrían o podrían poner en peligro la vida o la seguridad de las personas en Canadá” tienen un nexo con la seguridad nacional del país. La autoridad no alegó que los apelantes hayan participado en actos de violencia relacionados.
El derecho a la legalidad sancionadora implica que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones y omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Este precepto, incorpora la regla nullum crimen, nulla poena sine lege, y la extiende al ordenamiento administrativo sancionador.
