Es evidente que los trazos o signos que inserte en un papel una persona analfabeta –(quien siquiera sabe dibujar su nombre) conforme surge de los antecedentes examinados- no configuran una “firma” en el sentido indicado, por lo cual tales signos o trazos hechos en el papel no implican una manifestación de voluntad.
La iniciativa busca permitir que una unidad especial de las Fuerzas Armadas, denominada Policía Militar, pueda desarrollar labores de orden público y seguridad interior, a requerimiento del Ministerio encargado de la Seguridad para hacer frente a la grave crisis de seguridad que atraviesa nuestro país.
Busca garantizar que las personas sin hogar tengan acceso a áreas designadas para acampar que ofrezcan servicios para abordar el abuso de sustancias y problemas de salud mental. Sin embargo, sus críticos sostienen que la medida no ataca las raíces del problema de la falta de vivienda.
La moción busca dar soluciones a la crisis de seguridad que atraviesa el país, facultando al Presidente de la República para que ordene a las Fuerzas Armadas, en situaciones de grave crisis migratoria o de seguridad pública, que colaboren con las Fuerzas de Orden y Seguridad en tareas tales como, control de identidad y control de tránsito.
La norma amplía a los carabineros alumnos, desde el segundo año, la autorización para porte de armas, en el marco de sus prácticas policiales.
No puede el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, aplicar una atenuante de responsabilidad, que requiere sea acreditada, en un juicio oral, público, contradictorio.
La propuesta será analizada en una próxima sesión ordinaria. La idea es limitar a 24 horas, los trámites que se realizan desde la entrega del cuerpo hasta su sepultación.
No se pueden inferir intenciones o comportamientos violentos de las llamadas convocatorias en línea, los lemas coreados o la forma de vestir de algunos manifestantes. A primera vista, esas deberían haberse tomado como expresiones de insatisfacción y protesta en lugar de llamados deliberados e inequívocos a la violencia.
Sanciona penalmente a quien, en el contexto de reuniones en lugares de uso público, porte injustificadamente combustible apto para cometer atentados contra las personas o daños en las cosas.
Si bien preservar la paz y proteger a las personas de la violencia es inmensamente importante, un arresto no puede justificarse bajo la doctrina de los poderes auxiliares. Ya existe un poder legal de arresto que puede ejercerse si un individuo se resiste u obstruye a un oficial que toma otras medidas menos intrusivas.
Tolerar y respetar a un grupo no implica reconocer o legitimar que dentro de este pueda oprimirse a sus propios miembros, incluso si otras mujeres de la comunidad no ejercen el derecho a rezar los viernes o no reclaman por ser obligadas a hacerlo detrás de una biblioteca. El propio denunciado se identifica víctima de la intolerancia, sin advertir las repercusiones de sus decisiones, regresivas de derechos adquiridos, sobre la vida de otras personas.
