La magistrada acogió la demanda de responsabilidad contractual entablada contra la clínica privada, tras establecer infracción a la lex artis en la intervención practicada a la demandante, quien presentaba un síndrome lumbociático derecho y, tras varias intervenciones, debió recurrir a otro centro asistencial.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso por estar mal formulado.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar presentado contra hechos establecidos por los jueces del fondo.

El Tribunal de alzada acogió el recurso de protección deducido, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas al denegar el financiamiento para la adquisición y suministro del fármaco Eculizumab, recomendado por el médico tratante.

El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia que acogió la acción.

El máximo Tribunal estableció la responsabilidad de los servicios de salud por falta de servicio en los traslados realizados durante toda la jornada, entre los hospitales de Cañete, Curanilahue y Concepción, pese a la gravedad de las lesiones que presentaba la paciente.

El Tribunal de alzada estableció la obligación de la recurrida de otorgar la cobertura, la que está contemplada en la ley 19.650, norma que garantiza la atención de urgencia en cualquier establecimiento de salud público o privado.

El Tribunal de alzada rechazó los recursos de apelación presentados por las partes y elevó el monto de indemnización a $40.000.000 por concepto de daño moral.

El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal de las recurridas al denegar la cobertura por razones administrativas y económicas, del medicamento recomendado como única alternativa de por médico tratante.

El Tribunal de alzada ratificó en todas sus partes la sentencia de primera instancia.