El ministro de Justicia explicó que la iniciativa responde a la necesidad de mantener la cohesión social y proteger los principios democráticos y de convivencia pacífica establecidos en el orden jurídico suizo. Esta propuesta tiene como antecedente diversos incidentes registrados recientemente.
No podemos aceptar que una persona detenida sufra lesiones de las que, además, no sea atendida médicamente mientras permanece privada de libertad, cualquiera que fuere la causa de las mismas. No hace falta que lo diga un Comité de la Organización de las Naciones Unidas, pues resulta sin dificultad de nuestro ordenamiento jurídico, refiere el voto en contra.
La requirente alega que la norma lo priva de acceder a la segunda instancia lo que transgrede su garantía a la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho al recurso, entre otras garantías constitucionales.
El requirente estima que el precepto legal cuestionado afecta gravemente su derecho al recurso, a defensa, y al desarrollo de un proceso racional y justo.
El requirente, Marco Enríquez-Ominami, estima que los preceptos legales cuestionados atentan gravemente a sus garantías fundamentales, como son su derecho a la integridad física y psíquica, la libertad personal y de movimiento, y a la libertad de trabajo y económica.
El voto del Presidente no dirime un empate en estos casos.
