La demanda ejecutiva fue notificada en abril de 2021, pero fue presentada en diciembre de 2019, por lo que los jueces de fondo no debieron aplicar el artículo 8 de la Ley N°21.226 para rechazar la excepción de prescripción de la acción cambiaria y ordenar seguir adelante con la ejecución.

La ley faculta indicar la fecha de emisión del documento al portador con posterioridad a la suscripción del mismo, por lo que en la especie no transcurrió el plazo de prescripción de la acción cambiaria invocado por el ejecutado.

Esta es la correcta aplicación e interpretación del artículo 98 de la Ley N°18.092, por lo que en la especie el máximo Tribunal absolvió al demandado de la ejecución.

En la especie, la demanda ejecutiva se notificó con posterioridad al plazo de un año establecido en la Ley N°18.092, por lo que los jueces de fondo debieron declarar prescrita toda la deuda y no sólo una porción de ella.

El rango de la sanción va de 10 hasta 1.000 UTM, por lo que tampoco se rebajó el monto aplicado.

Al demandar ejecutivamente el acreedor manifestó su voluntad de cobrar el total de lo adeudado, por lo que al prescribir la acción cambiaria, ésta opera respecto del total de la deuda y no sobre parcialidades.

Pese a que alegó brindar siempre la atención que el paciente merecía y archivar el documento solicitado, la recurrente no logró desvirtuar el supuesto fáctico que la hizo infringir la ley.

La sentencia impugnada incurrió en un error de derecho al rechazar la excepción de la prescripción.

El inciso séptimo del artículo 173 del DFL N°1 del año 2005 del Ministerio de Salud, excluye de tal acto a los pacientes en grave estado de salud.

La demanda constituye el efectivo ejercicio del derecho del acreedor, provocando la caducidad del plazo y la exigibilidad del total de las cuotas futuras.