Solicitud de extradición de Karen Rojo fue declarada procedente, en razón del principio de confianza interestatal.
La decisión de la Corte Suprema Chile fue motivada y, la supuesta amenaza no proviene del Gobierno chileno.
La decisión de la Corte Suprema Chile fue motivada y, la supuesta amenaza no proviene del Gobierno chileno.
Las pretensiones de los sindicatos son improcedentes, porque no se ha cumplido el requisito de que las acciones judiciales interpuestas sirvan para proteger intereses similares.
Si el contrato fue verbal se debe tener debidamente en cuenta todas las circunstancias relevantes del caso, incluidas las negociaciones, costumbres y toda conducta posterior de las partes, por lo que es obvio suponer que el comprador quería utilizar a Totilas como semental reproductor, pues por algo pagó una suma elevada de dinero.
La percepción de la persona transgénero en sí misma no puede ser decisiva a la hora de determinar si tenía o no un problema para ser reconocida, por cuanto debe analizarse de manera objetiva.
El derecho a un juicio justo no es violado por la continuación y finalización del procedimiento de decomiso en primera instancia.
Para que un Estado de Derecho funcione correctamente, es muy importante que los abogados puedan hacer su trabajo en libertad.
Los delitos sexuales son casos técnicamente difíciles, de modo que además de la declaración, se requieren pruebas de respaldo.
En el delito de sedición la incitación está completa una vez que se hace el enunciado. No es necesario que el delito que se incita se haya cometido efectivamente. Tampoco es necesario que se establezca que es razonablemente probable que se produzca el hecho delictivo que se ha incitado.
La víctima evadió su arresto al no obedecer ninguna orden ni respondió al disparo de advertencia y tuvo un comportamiento muy impredecible al caminar en dirección a los policías con el hacha en la mano.
Amenazar con violencia para inducir a un periodista a huir o renunciar es contrario a todas las normas sociales y, por lo tanto, es ilegal; y las autoridades gubernamentales también tienen derecho a la protección contra acusaciones infundadas de delitos graves y difamatorios.