En su Declaración de Intervención, Bolivia hace referencia a la crisis humanitaria que afecta a Gaza, resaltando su preocupación por el presunto incumplimiento de Israel respecto a las órdenes previas emitidas por la CIJ en relación con medidas provisionales.

Aborda las consecuencias que, según el Comité de los Derechos del Niño, tienen las políticas de ocupación y la presencia militar de Israel en los derechos de los niños palestinos. Entre los efectos señalados se incluyen dificultades para acceder a recursos como la vivienda, un nivel de vida adecuado, alimentos, agua potable, saneamiento y servicios de salud.

La carta pone de relieve la necesidad de que Israel permita el acceso de los medios de comunicación a Gaza sin restricciones, argumentando que la actual limitación del acceso contraviene los principios de la libertad de prensa. Además, las organizaciones firmantes han documentado casos de detenciones de periodistas y restricciones al ejercicio de su labor.

El informe cubre el período comprendido entre octubre de 2023 y junio de 2024, en el contexto de la escalada de hostilidades en Gaza, e incluye alegaciones de detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos. La ACNUDH también señala la posible comisión de crímenes de guerra y solicita la apertura de investigaciones para determinar la veracidad de estos hechos.

Ninguno de los acusados fue informado sobre las razones específicas de su inclusión en dichas listas, aunque ambos sospechan que se relaciona con su activismo en defensa de la causa palestina. Según un informe del Senado de 2023, el número de personas en estas listas de vigilancia ha aumentado significativamente, de 150.000 en 2004 a 1.8 millones en 2022.

Según el informe, desde el 7 de octubre de 2023, miles de palestinos han sido detenidos, incluidos al menos 40 miembros del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS). Entre los detenidos se encuentran hombres, adolescentes, mujeres y niñas. Datos de una organización de presos palestinos indican que, entre el 7 de octubre de 2023 y el 28 de mayo de 2024, fueron detenidas 8.910 personas, incluidas 295 mujeres y 630 niños.

Denunció que las políticas de Israel impiden el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. También destacó que otros Estados tienen la obligación de no proporcionar ayuda o asistencia que contribuya a perpetuar la presencia israelí en dichos territorios.

Especialmente en consideración a las más de 11.000 víctimas civiles que han sido asesinadas, 3.350 mujeres, más de 5.000 niños y niñas, 29.500 heridos, 4.000 desaparecidos, en definitiva, en palabras del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en circunstancias que “el pueblo palestino lleva 56 años sometido a una ocupación asfixiante”.

Debe considerarse que la asistencia o protección del UNRWA ha cesado para el solicitante si, por la razón que sea, dicho organismo ya no puede garantizar unas condiciones de vida dignas o unas condiciones mínimas de seguridad a ningún apátrida de origen palestino, residente en el sector de la zona de operaciones del referido organismo.

La Comisión ha instado a ambas partes a cesar las hostilidades y a priorizar la salud y el bienestar de los civiles. Sin embargo, tras la publicación del informe, los diplomáticos israelíes han acusado a la Comisión de llevar a cabo una «discriminación antiisraelí sistemática».