Pese al estado excepcional debido a la crisis sanitaria, el demandante cambió en reiteradas oportunidades la fecha de la audiencia de conciliación, y luego mantuvo una actitud pasiva en la tramitación del juicio, por lo tanto, no puede excusarse en la pandemia para neutralizar los efectos de su ausencia de interés en la prosecución del litigio.
La Novena Sala del tribunal de alzada consideró que hubo actuar arbitrario al aplicar la sanción por hechos anteriores a la dictación de ley.
Se reclamó contra el descuento a la subvención decretado por la Seremi de Educación que lo justificó en que el actor registró asistencias de alumnos por el 100% mientras estaban vigentes los aforos y restricciones por la crisis sanitaria el año 2021. El recinto educacional no posee un derecho indubitado y la controversia respecto del cálculo del descuento debe ser conocida por la judicatura ordinaria.
De acuerdo al Minsal, a la fecha se encuentran contratadas (a honorarios y por Código del Trabajo) 14.250 personas, de las cuales 7.450 serán reubicadas dadas sus funciones.
Entender lo contrario significaría desconocer el derecho al descanso reparatorio a servidores que, en los hechos, desempeñaron las mismas funciones de fiscalización en la contención de la pandemia que el personal de las SEREMI de Salud.
La actora intentó revertir el abandono del procedimiento decretado en alzada, argumentando que su inactividad procesal obedeció al entorpecimiento que la pandemia de COVID-19 produjo en los tribunales nacionales, argumento que fue desechado por el máximo Tribunal al considerar que tal aserto, sólo aplica en aquellos juicios iniciados durante el estado de excepción, lo que no aplica a la causa.
Las razones de orden administrativo o económico para justificar el rechazo de la inoculación de niños y niñas de dicho grupo etario, resultan insuficientes y deben, necesariamente, ceder ante la necesidad de resguardar el interés superior y la garantía constitucional a la vida e integridad física.
Confirma su doctrina contenida en el dictamen N° E177724N22.
La Dirección de Obras Municipales justificó el incumplimiento a las normas de la SEREMI que ordenaban la suspensión de los plazos de caducidad, en que se trataría de instrucciones ilegales.
En el debate se decidió que si se pone término a la relación laboral y quedan días pendientes a utilizar, el empleador deberá compensar aquello en el finiquito.
Los Tribunales de Justicia no pueden inmiscuirse en políticas públicas en estos casos. Respecto a la solicitud de reembolso del recurrente excede los contornos del recurso de protección.
