La ley considera la participación de las comunidades en los estudios de impacto ambiental.
Luego del proceso de participación ciudadana de la Declaración de Impacto Ambiental, la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana señala que el proyecto presentado por Cruzados SADP cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable.
La jornada del lunes 6 de noviembre la comisión de Participación Popular definió a los directores de la Secretaría. Además, aprobó el cronograma general y recibió la iniciativa en conjunto con la Biblioteca del Congreso.
La iniciativa toma como referencia el espacio cultural nacido al alero de la oficina parlamentaria del Diputado Gabriel Boric, el cual se constituyó como un espacio dedicado a la cultura y un lugar de encuentro para las organizaciones de la sociedad civil de Magallanes.
El proyecto no busca satisfacer necesidades de la comunidad o prestar algún servicio público, por lo que no puede considerarse que genere cargas ambientales.
La iniciativa pretendía incorporar un mecanismo de desinscripción voluntaria y solamente temporal del padrón electoral fijado para la próxima elección o plebiscito.
La garantía constitucional relativa a la democracia participativa no se limita al ámbito político-electoral, sino que se extiende a otros escenarios económicos, sociales, culturales o de la vida privada de las personas.
El proyecto, emplazado en la Región de Atacama, busca extraer relaves depositados en la Playa Grande de Chañaral con la finalidad de obtener cátodos y concentrados de cobre.
La zona de emplazamiento del proyecto ha sido históricamente un lugar afectado por la contaminación producida por la industria minera.
Busca establecer en los establecimientos educacionales mecanismos de participación e información para los estudiantes a través de talleres, debates, cabildos y Centros de Estudiantes.
