Aunque la orden impugnada fue dictada por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, esta Corte estima que la misma adolece de un vicio de legalidad en razón de los antecedentes hechos valer en esta sede.
La recurrente acusó la tardanza del municipio en resolver una solicitud de devolución de patente comercial y la negativa para reembolsar un pago indebido de más de 200 millones de pesos, hechos que para la Corte deben ser conocido por la judicatura civil, y no en sede tutelar.
Solo estarán exceptuados los automóviles nuevos de casi cuatro mil kilos que se dirijan a las concesionarias para ser vendidos.
La Corte, fallando un recurso de protección, había dejado sin efecto el Decreto que ordenó retirar el letrero, sin embargo, el ente edilicio de todas formas lo retiró, lo que causó perjuicios al demandante.
Empresa acusó que de forma repentina el municipio de Curarrehue le comunicó el cobro de más de 200 millones de pesos por patentes que estaban impagas desde el año 2000.
Debido a las quejas de los vecinos y multas impagas, no se renovó la patente del recurrente, el cual deslizó la responsabilidad de la renovación en quien arrendaba su comercio de alcoholes.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
El titular se encontraba obligado a realizar las obras de captación del recurso, omisión que sólo es atribuible a sí mismo, en vista que nada impedía que lo realizara mediante un derecho de servidumbre.
La recurrida aplicó la doctrina sostenida por la Contraloría sobre la materia.
La decisión impugnada no fue debidamente fundada.
La Municipalidad había iniciado el proceso de caducidad de la patente por no pago, pero la trabajadora celebró un convenio.
