Los recurrentes sostienen que la actuación del municipio genera una diferencia arbitraria en perjuicio de los locatarios comerciantes del lugar, que implica una prohibición total de ejercer una actividad económica lícita. Además, la medida adoptada carece de proporcionalidad, y afecta en la esencia derechos asegurados por la Constitución.
Solo estarán exceptuados los automóviles nuevos de casi cuatro mil kilos que se dirijan a las concesionarias para ser vendidos.
La Corte, fallando un recurso de protección, había dejado sin efecto el Decreto que ordenó retirar el letrero, sin embargo, el ente edilicio de todas formas lo retiró, lo que causó perjuicios al demandante.
Empresa acusó que de forma repentina el municipio de Curarrehue le comunicó el cobro de más de 200 millones de pesos por patentes que estaban impagas desde el año 2000.
Debido a las quejas de los vecinos y multas impagas, no se renovó la patente del recurrente, el cual deslizó la responsabilidad de la renovación en quien arrendaba su comercio de alcoholes.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
El titular se encontraba obligado a realizar las obras de captación del recurso, omisión que sólo es atribuible a sí mismo, en vista que nada impedía que lo realizara mediante un derecho de servidumbre.
La recurrida aplicó la doctrina sostenida por la Contraloría sobre la materia.
La decisión impugnada no fue debidamente fundada.
La Municipalidad había iniciado el proceso de caducidad de la patente por no pago, pero la trabajadora celebró un convenio.
La recurrida rechazó la solicitud de renovación sin considerar que la falta de actividad comercial del supermercado no es un hecho imputable a la recurrente, ya que deriva de actos de fuerza mayor que han devenido en la imposibilidad para ejercer su giro.
