El municipio de Los Álamos impuso requisitos adicionales no establecidos en las bases del concurso, como la exigencia de un permiso de obras y un certificado de destino del inmueble. Tal conducta contravino el derecho de propiedad de los adjudicatarios sobre las prerrogativas asociadas al beneficio al que accedieron vía concurso público.
El recurrente vendió una patente comercial en 2021, sin ingresar la solicitud de traspaso hasta marzo de 2023, acompañando sólo una declaración jurada de que realizó dicho trámite, lo que no constituye mérito suficiente para estimar que la enajenación de la patente efectivamente fue hecha al nuevo dueño, por lo que el actor carece de un derecho indubitado.
El recurrente solicitó al municipio de Estación Central una prórroga para el pago de la patente comercial de un local de venta de bebidas alcohólicas, justificándose en un violento atraco sufrido en dicho establecimiento, pero no acompaño ninguna denuncia, querella, o declaración jurada de testigos que dieran cuenta que efectivamente ocurrió el hecho, por lo que la patente caducó.
Los recurrentes acusaron que el municipio de Coquimbo actuó de forma arbitraria al no recibir el pago de patentes otorgadas para explotar el giro de máquinas de habilidad, argumentando no poseer nuevos informes técnicos sobre la materia, acción que perdió oportunidad cuando el recurrido accedió a recibir el pago de los tributos mientras se discutía el recurso.
Lo gravado por la Ley de Rentas Municipales es el ejercicio de la actividad comercial o lucrativa, no formando parte de ese hecho el tener o no tener patente comercial.
El recurrente solicitó una prórroga del plazo de pago en la Municipalidad, fundado en que habría sido víctima del robo de sus datos bancarios, sin embargo, el ente edilicio rechazó la solicitud, por no existir antecedentes concluyentes que demuestren que la omisión de pago no es imputable a su persona.
La Corte estableció que el dimensionado es algo anexo al giro principal de venta de materiales, y está destinado a dar un mejor servicio a los clientes respecto de productos que se compran allí mismo.
Uno de los requisitos de la patente comercial era que el giro de ferretería se explotara en la vivienda del titular, por lo que, al habilitar una entrada por el predio colindante desocupado se incumple tal exigencia, y faculta a la autoridad a decretar el cierre.
Municipio intentó el cobro de la patente por el periodo entre julio de 2020 a junio de 2021, en circunstancias que la empresa dejó de existir el 31 de diciembre de 2019 al fusionarse con otra, por lo que los cobros intentados son improcedentes.
No es necesaria la patente de bodega si es evidente que los materiales situados en el lugar están contemplados para la construcción que se llevará a cabo, y en cuanto a la paralización prologada del proyecto, esta encuentra su justificación en las medidas sanitarias por COVID adoptadas por la autoridad de salud.
El actor alegó erróneamente la ilegalidad del Decreto Alcaldicio N° 1253, cuando en realidad el correcto era el N° 1243, por tal motivo, la Corte determinó que respecto del Decreto que impugnó no procedía el reclamo de ilegalidad jurisdiccional, toda vez que no se había interpuesto previamente el reclamo ante el Alcalde en sede administrativa.
