Uno de los requisitos de la patente comercial era que el giro de ferretería se explotara en la vivienda del titular, por lo que, al habilitar una entrada por el predio colindante desocupado se incumple tal exigencia, y faculta a la autoridad a decretar el cierre.

Municipio intentó el cobro de la patente por el periodo entre julio de 2020 a junio de 2021, en circunstancias que la empresa dejó de existir el 31 de diciembre de 2019 al fusionarse con otra, por lo que los cobros intentados son improcedentes.

No es necesaria la patente de bodega si es evidente que los materiales situados en el lugar están contemplados para la construcción que se llevará a cabo, y en cuanto a la paralización prologada del proyecto, esta encuentra su justificación en las medidas sanitarias por COVID adoptadas por la autoridad de salud.

El actor alegó erróneamente la ilegalidad del Decreto Alcaldicio N° 1253, cuando en realidad el correcto era el N° 1243, por tal motivo, la Corte determinó que respecto del Decreto que impugnó no procedía el reclamo de ilegalidad jurisdiccional, toda vez que no se había interpuesto previamente el reclamo ante el Alcalde en sede administrativa.

El artículo 58 del DL N° 3063 es claro en señalar que la autoridad municipal cuenta con facultades para clausurar un local en donde se desarrollan actividades económicas sin contar con una patente comercial.

El artículo 26 de la Ley de Rentas Municipales autoriza a los municipios otorgar patentes provisorias siempre que la ordenanza dictada al efecto lo permita para el giro específico, por tanto, si dicha ordenanza lo prohíbe, el ente edilicio que niega la patente actúa conforme a la ley.

El artículo 23 del DL N°3.063 establece que quedan gravadas con el impuesto de patente municipal las actividades lucrativas secundarias y terciarias, además de las primarias o extractivas, siempre que medie algún proceso de elaboración de productos, aun cuando tal proceso se realice en el mismo predio.

En la Ley N°19.995 y sus Reglamentos, así como las Circulares de la SCJ y la jurisprudencia administrativa de la CGR, regula el procedimiento para la autorización y renovación de patentes comerciales para la explotación de máquinas de juegos cuando se certifique que no son de azar.

El Tribunal de alzada acogió la acción judicial presentada por la empresa y le ordenó a la Municipalidad de Arica emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de patente, una vez que la sociedad recurrente cumpla con los requisitos detallados en resolución.

El acto de clausura del local obedeció a las facultades que la Ley de Rentas Municipales otorga a la autoridad fiscalizadora.