Resolvió que la ley puede establecer limitaciones y obligaciones que deriven de la función social de la propiedad, y que la instalación de máquinas tragamonedas, actividad prohibida para el sector, justifica la no renovación de las patentes de alcoholes.
La decisión de no renovar la patente de alcohol no se funda ni está revestida de mérito suficiente. La recurrida debió señalar todos los motivos y antecedentes que explicaran su decisión, más allá de lo señalado por el fiscalizador municipal, por lo que la conducta desplegada por la recurrida es arbitraria.
La Cámara pidió la adopción de la medida como consecuencia de los efectos económicos derivados de la pandemia de Covid-19.
Al renovar la patente de alcoholes a otros dueños con mayor número de infracciones durante la última anualidad, la entidad edilicia infringió el derecho de igualdad ante la ley de la recurrente.
Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 21 y 24 de la Constitución.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia que estableció actuar ilegal del municipio al negar el permiso.
El máximo Tribunal ordenó a la recurrida adoptar una nuevo acuerdo fundado que resuelva la petición.
