Descartó el actuar arbitrario o ilegal del municipio, y sostuvo que la acción de protección no es el medio idóneo para discutir los hechos controvertidos, los cuales deben ser resueltos a través del procedimiento correspondiente.
Señaló que el recurso de protección no debe ser utilizado como un medio para sustituir otros mecanismos legales establecidos para resolver conflictos, y que la Ley N°18.695 contempla un procedimiento especial de reclamación contra actos municipales, siendo esta la vía idónea para abordar las disputas relacionadas con la patente de alcoholes.
La Ley N°19.925 establece que los supermercados con patente de alcoholes deben contar con una superficie mínima de 100 metros cuadrados de sala de venta, al menos 2 cajas pagadoras y que el área destinada a bebidas alcohólicas no puede superar el 10% del espacio dedicado a la venta de comestibles y abarrotes.
El máximo Tribunal consideró que en el decreto exento que no renovó la patente de alcoholes únicamente figuran antecedentes normativos, jurisprudenciales y descriptivos, seguidos por una consideración genérica, que no permite aclarar los motivos específicos que determinan la decisión de no renovar la patente de alcoholes del actor.
El municipio no fundamentó adecuadamente la resolución que dispuso la no renovación de la patente, al hacer responsable a la recurrente por los “delitos e incivilidades”, “vehículos mal estacionados”, y “robos con violencia” acusados en el sector; todas estas situaciones ajenas al funcionamiento del comercio y que fueron esgrimidas para discriminar arbitrariamente a la actora.
La recurrente solicitó la patente, no obstante, la junta de vecinos del sector manifestó que en el lugar existían ya cinco locales más de venta de alcoholes, lo que en el último tiempo devino en un aumento en la inseguridad de la población; por lo tanto, el municipio fundó su rechazo en la pormenorizada información otorgada por los vecinos, decisión que fue ratificada por la magistratura.
La Séptima Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la Municipalidad de Santiago, por lo que ordenó continuar con el procedimiento de renovación de la patente del establecimiento ubicado en la calle Miraflores.
Si a menos de 100 metros de distancia del lugar en el que se pretende instalar un local de expendio de alcohol no se ubica un establecimiento educacional, debe concederse la patente de alcoholes, si se cumplen los demás requisitos.
El Decreto Alcaldicio hace mención a informes policiales y vecinales que aluden de forma genérica a ilícitos cometidos en el sector que son considerados insuficientes para fundamentar la medida.
Municipalidad infringió el deber de motivación suficiente, objetiva y comprobable para satisfacer el estándar de fundamentación requerido en los artículos 11 y 41 de la Ley Nº 19.880.
El Concejo Municipal tuvo presente, para rechazar la renovación, un informe de la DIPRESEC que daba cuenta de hechos delictivos en un tiempo de 5 años atrás, cuando lo que correspondía era evaluar sólo el año precedente a la solicitud de renovación.
