Si a menos de 100 metros de distancia del lugar en el que se pretende instalar un local de expendio de alcohol no se ubica un establecimiento educacional, debe concederse la patente de alcoholes, si se cumplen los demás requisitos.

El Decreto Alcaldicio hace mención a informes policiales y vecinales que aluden de forma genérica a ilícitos cometidos en el sector que son considerados insuficientes para fundamentar la medida.

Municipalidad infringió el deber de motivación suficiente, objetiva y comprobable para satisfacer el estándar de fundamentación requerido en los artículos 11 y 41 de la Ley Nº 19.880.

El Concejo Municipal tuvo presente, para rechazar la renovación, un informe de la DIPRESEC que daba cuenta de hechos delictivos en un tiempo de 5 años atrás, cuando lo que correspondía era evaluar sólo el año precedente a la solicitud de renovación.

La reclamante solicitó además la indemnización de los perjuicios causados por el municipio, lo que fue desestimado por la Corte, puesto que tal petición excede los márgenes de la acción de reclamación dispuesta en el artículo 151 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

El informe emitido por Carabineros, que dio cuenta de la ocurrencia de una riña con resultado de muerte en los estacionamientos del centro de eventos, mientras aquel estaba a cargo de un menor de edad, es razón suficiente para negar la renovación de la patente comercial por no garantizar la seguridad en el recinto.

Al tratarse de un acto administrativo debe cumplirse con lo previsto en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

De lo contrario, los municipios se encuentran impedidos de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes para mantener su explotación.

El tribunal sostuvo que la acción cautelar no es la vía idónea para solucionar la controversia entre las partes.

El actuar del municipio genera incertidumbre e impide el ejercicio de los recursos administrativos o judiciales que ha franqueado la ley respecto de dichas decisiones.