En virtud de lo dispuesto en el artículo 153 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones, en lo no previsto en dicho cuerpo estatutario, rigen las normas aplicables a la Administración Civil del Estado, esto es, el DFL 29 de 2005, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº18.834, Sobre Estatuto Administrativo.

Funcionarios de la aduana detectaron que un paquete sospechoso iba dirigido al domicilio del acusado, y mediante la técnica del agente encubierto, personal de la PDI hizo entrega del envío al imputado, quien posteriormente reconocería que la cocaína incautada iba a ser vendida en la capital.

Aun cuando no se hayan incorporado elementos de arraigo al momento de formular los descargos, ellos sí se han incorporado a esta acción constitucional, por lo que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N°21.325 y al principio de protección de la familia, se estima prudente acoger la acción.

El acusado intentó anular el castigo impugnando la validez del informante, no obstante, la Corte Suprema estimó que el uso de este tipo de agente obedeció a una investigación en curso, autorizada por el tribunal, y que otorgó datos precisos respecto de la identidad del imputado, ubicación, y actividades delictivas.

Modifica el decreto Nº 1.358, de 2006, del Ministerio del Interior, que establece normas que regulan las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales dispuestas por la ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, por cuanto se ajusta a derecho. El documento incluye siete nuevos compuestos e incorpora en la fiscalización a la PDI y Carabineros.

Durante la audiencia de control de detención, si bien el imputado dio a conocer su cédula de identidad para extranjeros y su nombre completo, el Fiscal a la hora de formalizar y solicitar las cautelares, señaló el nombre del amparado y su Rut, desde que entre ambas personas coincidían ambos apellidos y el primer nombre, informó el recurrido

La actuación de la PDI se ajustó a derecho, al ejercer las facultades de control migratorio que le confiere tanto su Ley Orgánica como la normativa sobre migración y extranjería.

Por el acuerdo en cuestión, el ministerio, con el objeto promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la delincuencia, pacta con su contraparte la mutua colaboración, a fin de facilitar el intercambio de la información necesaria para la investigación de la criminalidad organizada.

La policía civil no puede dar de baja al actor acusando falta de cupos para el grado, en circunstancias que ya existía un fallo previo del máximo Tribunal que ordenó la reincorporación del funcionario a las filas institucionales, por lo que el acto recurrido vulneró la garantía de no discriminación del afectado.

Ante la proliferación de recursos de protección por hechos similares, la Corte ordenó al Servicio dictar las resoluciones que correspondan para adecuar la actuación de sus empleados a la correcta aplicación de las normas en la materia.