La actuación de la PDI se ajustó a derecho, al ejercer las facultades de control migratorio que le confiere tanto su Ley Orgánica como la normativa sobre migración y extranjería.

Por el acuerdo en cuestión, el ministerio, con el objeto promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la delincuencia, pacta con su contraparte la mutua colaboración, a fin de facilitar el intercambio de la información necesaria para la investigación de la criminalidad organizada.

La policía civil no puede dar de baja al actor acusando falta de cupos para el grado, en circunstancias que ya existía un fallo previo del máximo Tribunal que ordenó la reincorporación del funcionario a las filas institucionales, por lo que el acto recurrido vulneró la garantía de no discriminación del afectado.

Ante la proliferación de recursos de protección por hechos similares, la Corte ordenó al Servicio dictar las resoluciones que correspondan para adecuar la actuación de sus empleados a la correcta aplicación de las normas en la materia.

La magistratura hizo notar que los integrantes de las filas policiales, al momento de ingresar a la institución, aceptan que pueden ser movilizados para servir en cualquier lugar del territorio nacional; por lo tanto, las necesidades personales y familiares no priman sobre las necesidades propias del funcionamiento de la actividad policial.

De acuerdo a las normas generales del onus probandi, la carga de la prueba para acreditar las impugnaciones correspondía única y exclusivamente a la parte demandante. Sin embargo, no consta de los antecedentes que la entidad licitante hubiere incurrido en alguna inobservancia al principio de libre concurrencia como tampoco al principio de imparcialidad ni a cualquier otro principio de la contratación administrativa.

La decisión que no accedió al ascenso del recurrente fue dictada, en su momento, por la Policía de Investigaciones, que es el órgano facultado para pronunciarse al respecto. No tiene un derecho cierto, preciso e indubitado a ascender, y con su retiro se extinguió la alternativa de lograr tal ascenso.

El amparado ha consolidado su residencia en el país, a través de actividades remuneradas, como consta del certificado de cotizaciones, como también cuenta con arraigo familiar junto a su cónyuge y dos hijos, lo que demuestra que durante su estadía se ha dedicado a actividades exentas de reproche.

Si el proceso penal finaliza por absolución o sobreseimiento definitivo, corresponde que se paguen dichas sumas, ya que en ese evento procede estimar que el funcionario ha estado impedido para desempeñarse en razón de un acto de autoridad constitutivo de fuerza mayor.

En la resolución, se expone la necesidad de impulsar un fortalecimiento de la Policía de Investigaciones, en línea como la ya definida para Carabineros, donde se facilitó el llamado a servicio de personal en retiro temporal.