El solicitante debe acompañar copia de la sentencia definitiva ejecutoriada de la causa del Juzgado del Crimen, y en caso que sea condenatoria, debe también acompañar el certificado de cumplimiento de la condena, informó el Registro Civil.

El artículo 100 del Código Penal no precisa ni tampoco identifica las pruebas idóneas para acreditar la ausencia del territorio nacional, sino únicamente mandata acreditarla, y la acción constitucional de amparo no es la vía idónea para abordar esta controversia, toda vez que en esa sede no se está en condiciones para valorar la prueba rendida por las partes, pues no la conoce directamente.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el debido proceso, desde que a pesar de que el tribunal sólo excluyó la prueba presentada por la defensa y no la de Fiscalía y de la parte querellante, no puede apelar.

El recurrente intentó revertir el acto recurrido acusando que para destituir a un funcionario es necesario contar con un informe previo de la COMPIN, que declare salud incompatible, no obstante, la magistratura estimó que los alumnos aspirantes del curso de oficiales de la PDI no son funcionarios públicos, por ende, pueden ser sujetos de la medida de expulsión por motivos de salud previo informe de la comisión médica de la policía, como ocurrió en la especie.

La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas debe ajustar su actuar a los plazos establecidos en la norma para realizar los pagos en contratos de consultoría, ya que su retraso devenga intereses anuales.

La obligación del pago de las costas al sentenciado es un imperativo legal, establecido en el artículo 24 del Código de castigos, imposición que se reafirma en el artículo 47 del Código Procesal Penal.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de los derechos y el debido proceso, desde que permitir sólo al Ministerio Público poder apelar sin justificación razonable genera diferencias arbitrarias, impidiendo que pueda ser absuelto

A diferencia de lo declarado en la sentencia impugnada, la PDI no ha incurrido en ilegalidad al practicar diligencias investigativas respecto del amparado, pues las mismas fueron efectuadas previa autorización de Fiscal a cargo de la investigación, en los términos previstos en los artículos 180 y 194 del Código Procesal Penal.

El recurrente acusó un fraude por parte del vendedor del automóvil, que luego de recibir el dinero denunció el robo del vehículo en la PDI. La magistratura rechazó la acción cautelar porque el actor no tiene un derecho indubitado respecto del móvil, y debe acudir a la justicia ordinaria para perseguir la presunta estafa y así poder inscribir el bien como propio.

La interpretación errónea de las normas en juego por parte del Servicio provoca la masiva judicialización de este tipo de causas, según consta en los registros de ingreso de la Corte Suprema.