Los antecedentes aportados por el recurrente sí han sido considerados y utilizados de forma adecuada en la investigación, informa la PDI.

En la audiencia de formalización, la magistrada ordenó el ingreso de Vásquez Villenas al módulo de alta seguridad del Complejo Penitenciario de Rancagua y de Inostroza Morales, al Centro de Detención Preventiva Santiago Uno, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y evidente peligro de fuga. Además, fijó en 180 días el plazo de investigación.

La ley 21.500, que se encuentra en proceso de redacción de su reglamento, tiene como finalidad que exista un criterio unificado entre las distintas instituciones estatales, para dar más celeridad a la búsqueda de personas extraviadas. Además, establece la obligación de recibir la denuncia y la realización de diligencias dentro de las primeras 24 horas de la denuncia.

No existe norma de rango legal que determine la contratación exclusiva con una empresa específica. Debe entenderse tácitamente derogado el artículo 47 del Decreto N°5, de 1992, al igual que todas aquellas normas que establecían la obligación de rendir caución en el ex ISE. Dicha entidad se encuentra legalmente extinguida en razón del artículo 3 de la Ley 18.679 y el Decreto N° 308 de 1988.

No existe un derecho indubitado en favor del recurrente, quien estuvo en conocimiento de cada uno de los rechazos o reducción de sus licencias médicas, sin objetar estar resoluciones de lo que se desprende su conformidad con lo resuelto.

De acuerdo con los registros del sistema del Servicio Nacional de Migraciones, el amparado se encontraría a la espera de que se materialice la expulsión del país.

La actora siempre puede solicitar un certificado de viaje en cualquier oficina de la Policía de Investigaciones de Chile, que constataría su ingreso al país.

La actora pudo durante el transcurso del respectivo sumario hacer valer las inhabilidades pertinentes respecto del fiscal y evacuar los respectivos descargos, no existiendo antecedentes que haya ejercido sus derechos.

En caso alguno, ha cometido ilegalidad o arbitrariedad que afecte la garantía constitucional del amparado, ya sea en sede de privación, perturbación o amenaza, sino que pura y simplemente se ha limitado a ejercer las facultades que le confiere la Constitución.

El personal policial se encontraba cumpliendo funciones que se encuentran comprendidas dentro de la esfera de su competencia, conforme a las atribuciones legales autónomas que detenta.