El amparado fue puesto a disposición de la compañía aérea Sky Airlines, la cual ha debido hacerse cargo de la alimentación y requerimientos del extranjero mientras se espera el vuelo de reembarco.

La Prefectura Policía Internacional Aeropuerto ha actuado dentro de la esfera de sus competencias bajo el régimen regulatorio de la Ley Nº2460 Orgánica Constitucional.

El actor, desde el 2012 posee residencia definitiva en Chile, durante el verano de 2019 estuvo tres semanas en Perú, lugar en que perdió su cédula de identidad chilena, y al volver al país solicitó un nuevo documento. Sin embargo, la autoridad recurrida revocó tácitamente su residencia, argumentando que ha permanecido fuera del territorio por tres años, circunstancia anómala que no pudo ser acreditada por la recurrida.

La PDI le informó en el aeropuerto que la niña no podía viajar a México por no estar apostillada la autorización del padre, pero ella decidió de todas formas viajar a México y abandonar a su hija lo que motivo su detención.

El recurso de unificación de jurisprudencia no cumple su objeto, si la denuncia de la norma decisoria no ha sido desarrollada en el libelo, hecho que impide el adecuado cotejo de los fallos acompañados, puntualizó el máximo Tribunal.

La resolución aprobada pide que se instale en todo el territorio nacional la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, de la PDI. La idea es potenciar las diligencias policiales en estas áreas.

La decisión que omite esas consideraciones infringe el artículo 11, inciso 2° de la Ley N° 19.880, que establece que aquellos actos de la Administración que afectaren derechos de particulares deberán siempre expresar tanto los hechos como los fundamentos de derecho que le sirven de sustento.

Desde la perspectiva de la autoridad migratoria, aquélla se encuentra obligada a exigir esta condición a los extranjeros que no registren ingreso regular al territorio nacional.

La ley 24.430 no contiene disposición alguna que obligue a los extranjeros que ingresan clandestinamente al país a efectuar una autodenuncia como condición previa a su solicitud de reconocimiento de condición de refugiado.

Los servidores vinculados bajo las normas del Código del Trabajo a dicha Jefatura son funcionarios públicos y forman parte del personal institucional.